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29/03/2024. 03:17:27

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EL PLENO DEL CGPJ APRUEBA LOS CRITERIOS QUE DEBE REGIR UN NUEVO MAPA JUDICIAL

Según los jueces sobran entre 190 y 200 partidos judiciales

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Una nueva demarcación judicial viene siendo pedida desde hace tiempo por todos los operadores implicados y el Ministro ha dicho varias veces que están en ello. Ahora hay 431 partidos judiciales. Del documento se dará traslado al Ministerio de Justicia.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado un documento que contiene los principios y criterios básicos para nueva demarcación judicial, que diseñan un nuevo mapa provisional de órganos judiciales en el territorio nacional, según el cual el número de partidos judiciales podría quedar reducido a una cifra de entre 190 y 200, menos de la mitad de los actuales.

Placa del Congreso General del Poder Judicial

La Ley Orgánica 39/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, manejó un modelo de partido judicial de configuración circular, de un mínimo deseable de 50.000 habitantes y una superficie media de 700 a 1.000 kilómetros cuadrados, es decir, unos 15 kilómetros de radio. Fruto de aquel diseño se crearon 105 nuevos partidos judiciales que se sumaron a los 317 existentes en aquel momento. Posteriores ampliaciones llevaron a la cifra actual de 431 partidos judiciales.

Desde su aprobación en 1988, la situación en España ha cambiado considerablemente: los incrementos y disminuciones demográficas, los flujos de población, los polos industriales, el desarrollo urbanístico y turístico, las comunicaciones, los medios de transporte, las tecnologías de la información y de la comunicación, el modelo de oficina judicial, la forma de tramitar los procedimientos… han sufrido alteraciones especialmente significativas hasta el punto de provocar serios desfases entre la estructura y organización territorial y las demandas y necesidades de la sociedad de hoy.

Además, la ciudadanía exige a la administración de Justicia una serie de servicios externos (gabinetes psico-sociales de familia, puntos de encuentro familiar, servicios de atención al ciudadano, servicios de atención a las víctimas, unidades de valoración de riesgo en casos de violencia de género, servicios de mediación civil y penal, unidades de Policía Judicial, entre otras) cuya operatividad eficiente impone que su implantación permita dar servicio a varias unidades judiciales.

Ideas que aportan los jueces, que trasladarán al Ministerio de Justicia

No es la primera vez en esta temporada que los jueces toman la iniciativa de dirigirse al Ministro. ¿A qué nos referimos? 

  • La atención y la proximidad de la Justicia al ciudadano no puede medirse en kilómetros, sino en tiempo y servicios.
  • El desplazamiento del ciudadano al juzgado y su presencia en las oficinas judiciales ha de reducirse a los supuestos estrictamente necesarios gracias a la comunicación telemática y el uso de las nuevas tecnologías.
  • Las circunscripciones resultantes habrán de tener una población superior a 100.000 habitantes y el desplazamiento desde los núcleos de población hasta la cabecera no podrá exceder de una hora a través de las vías de comunicación existentes.
  • La separación de órdenes jurisdiccionales exige un mínimo de ocho juzgados para garantizar un funcionamiento correcto de la administración de Justicia, por lo que las agrupaciones han de tender a reunir un mínimo de órganos que permita alcanzar esta cifra.
  • La reordenación habrá de atender a las concretas circunstancias de geografía política, procurando respetar los ámbitos territoriales en los que se desenvuelven las actividades político-económicas de cada zona.

La aplicación de estos criterios permitirá la reducción de los actuales 431 partidos judiciales a menos de la mitad, entre 190 y 200. En el 90 por ciento de las circunscripciones resultantes podrá procederse a la separación de jurisdicciones y correspondiente especialización de los jueces; al despliegue de la nueva oficina judicial con servicios procesales y de ejecución comunes; a la implantación de gabinetes y servicios de todo tipo, y a la aplicación de las tecnologías que garanticen una mayor proximidad y un mejor servicio público, garantizando un rendimiento idóneo y un aprovechamiento racional de los recursos.

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