A pesar de todos los defectos de que adolece, la actividad jurisdiccional es la garantía que hay, en último término, para la defensa de la legitimidad, la libertad y la democracia. No queda ya nadie, de la esfera pública, que niegue que la estructura judicial adolece de defectos que provocan que cada modernización proyectada se quede en agua de borrajas, o casi. Hasta ahora siempre se acudía al término “Pacto de Estado”. Sin embargo, Francisco Caamaño sorprendió al hacer un giro hacia la gente: un Acuerdo Social. Ayer mismo dio un paso hacia la realidad, al acercarlo a las comunidades autónomas.
Las once Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en materia de justicia han acatado el Acuerdo Social, propuesto por el Ministro Francisco Caamaño, para modernizar la justicia, en la primera Conferencia Sectorial celebrada ayer bajo su presidencia.
El proceso de transición y aproximación de la Administración de Justicia a la nueva realidad de la España de las Autonomías todavía no ha concluido. A día de hoy, todavía seis Comunidades Autónomas que no han asumido competencias en la materia. Independientemente de la conveniencia de cerrar el proceso y consolidar un modelo estable de distribución de competencias, -tal y como afirmó el Ministro en su comparencia parlamentaria apenas tomada posesión del cargo- es evidente que, como en otros ámbitos competenciales que también han sido objeto de transferencia, la temporalidad y los distintos ritmos que han marcado la necesaria adaptación de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías han conllevado algunas disfunciones a las que urge poner remedio.
Se trata de un plan con cinco ejes estratégicos, veinte programas y ciento veinte actuaciones, compartidos por las once comunidades autónomas reunidas. Una de las primeras medidas de modernización que se pondrá en marcha será la puesta a disposición de los órganos judiciales de todas las comunidades autónomas de tres mil pulseras para el seguimiento telemático de personas con órdenes de alejamiento por violencia doméstica.
Además, y entre otros acuerdos, se ha pactado la constitución de un grupo de trabajo técnico con el cometido de inventariar los sistemas informáticos actualmente en funcionamiento en cada Comunidad. Ello se debe a que las Comunidades Autónomas en el ejercicio legítimo de sus competencias, están desarrollando sistemas de informatización de la Oficina Judicial. Se trata, por lo tanto, de hacer un "mapa" y coordinar; como primer paso para constituir una plataforma común que desemboque en la interconexión informática de todos los juzgados. Su propósito es determinar cuáles son los puntos donde se necesita converger para poder ofrecer al Consejo General del Poder Judicial aplicaciones homologables que superen el llamado "test de compatibilidad". Este grupo de trabajo empezará a funcionar a principios de julio y supone el primer paso para constituir una plataforma informática común. Su implantación permitirá lograr el objetivo común de que todos los juzgados trabajen en red.
Asimismo, el Ministerio de Justicia y las 11 comunidades han acordado un marco conjunto de trabajo para poner en marcha la Nueva Oficina Judicial, así como el reforzamiento de la Conferencia Sectorial con la constitución de grupos de trabajo o un consejo interterritorial.
