Contiene un total de 172 medidas, de las cuales 132 afectan a la política interna y el resto a la acción exterior. El Gobierno creará a primeros año una Comisión de Seguimiento para someter al control de la sociedad civil y las Cámaras la aplicación de las medidas contempladas en el Plan.
El Plan Nacional de Derechos Humanos, que tiene vocación de ubicar a España en la vanguardia europea en esta materia, incluye como adenda un programa específico de lucha contra el comercio de seres humanos; el cual prevé disposiciones contra la trata de blancas, modificaciones en la asistencia jurídica gratuita, y programas de inserción social. Además, abre el camino a la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, en el seno de la cual nacerá un observatorio sobre el pluralismo religioso.
El documento, que saldrá adelante en Consejo de Ministros, recoge, en lo que se refiere a prostitución, las previsiones que marcó la Ministra de Igualdad en el mes de septiembre.
Contiene numerosas medidas, que afectan a distintos campos, incluidas las dependencias físicas de comisarías, donde destaca la introducción de cámaras en aquellas dependencias policiales que reciban a detenidos en régimen de incomunicación.
También contempla reducir el actual plazo de ocho horas para la asistencia letrada, la prohibición de la detención incomunicada a menores de edad y un proyecto de Ley de Cuerpos Penitenciarios para ampliar los Derechos Humanos en las cárceles.
Propone establecer garantías de Derechos Humanos en los centros de internamiento de extranjeros, con un protocolo sobre servicios mínimos de funcionamiento y régimen interno. El Plan compromete al Gobierno en la protección de los refugiados, con una reforma del sistema de asilo.
El Plan incluye el propósito de aprobar un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, crear un observatorio sobre el pluralismo religioso y reforzar la formación de policías, Fuerzas Armadas, facultativos y sanitarios, entre otros agentes públicos, en materia libertad religiosa.
El Gobierno se compromete, asimismo, elaborar un proyecto de ley que recoja los derechos de los ciudadanos ante la justicia, mejorar la atención y protección de las víctimas del terrorismo y a reconocer el derecho al voto en las elecciones municipales a los residentes extranjeros no comunitarios.
El documento incluye la modificación de la ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para garantizar su derecho de reunión, asociación, educación, sindicación y asistencia jurídica gratuita, mientras que promueve la creación de una Oficina de Defensa del Español en el Exterior dentro de la institución del Defensor del Pueblo.
También compromete al Ejecutivo en la lucha contra la violencia de género, con actuaciones como el control telemático de las medidas de alejamiento de maltratadores.
En el ámbito de la acción exterior, el Gobierno firmará y ratificará los instrumentos internacionales pendientes, como la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad; el Protocolo facultativo del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre las municiones de racimo y la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzosas.
Comisión de seguimiento
La Comisión dependerá de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales. Presidida por el Secretario de Estado, la conformarán técnicos de la Administración, miembros de ONG, expertos en Derechos Humanos y un representante del Defensor del Pueblo.
Este mecanismo de control evaluará la aplicación del plan dos veces al año, mientras que el secretario de Estado comparecerá una vez al año ante la Comisión Constitucional del Congreso.
