MADRID (Reuters) – El Gobierno español eliminó el viernes las controvertidas tasas judiciales para los ciudadanos, tres años después de que el mismo Ejecutivo aprobase su pago obligatorio para las personas físicas en algunos procesos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo que la decisión se había tomado entre otras causas para responder al fuerte rechazo social y profesional y se enmarca dentro de las medidas de ayuda a las familias anunciadas esta semana por el presidente Mariano Rajoy.
"En este momento consideramos que fruto de los esfuerzos de la economía y la sociedad española en este tiempo, de la mejora de la capacidad recaudatoria del Estado, podemos abordar una reivindicación muy extendida", dijo Catalá en rueda de prensa tras el consejo de ministros.
La justicia en España era gratuita para los ciudadanos hasta que el exministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó en 2012 una reforma que obligaba al usuario a pagar en algunos procesos, lo que desató una oleada de protestas en el sector judicial con críticas por su impacto en la tutela judicial efectiva.
La ley se aprobó en pleno auge reformista del actual Ejecutivo para reducir el déficit público, y el exministro la defendió por la saturación de los juzgados a causa de la alta litigiosidad.
El nuevo ministro de Justicia, que asumió su cargo el año pasado tras la dimisión de Gallardón, anunció que reformaría las tasas judiciales.
La supresión de las tasas para los ciudadanos forma parte de una serie de medidas urgentes en la justicia que el ministro esbozó el viernes para flexibilizar la saturada justicia española.
El Ejecutivo ha aprobado una reforma de la ley que rige el Poder
Judicial con el objetivo de agilizar una justicia a la que se le achaca
una gran lentitud, y a partir de ahora dijo que se podrán especializar
juzgados temporalmente o adscribir magistrados a un juez que esté
conociendo de una causa penal compleja.
