MADRID (Reuters) – La fiscalía de la Audiencia Nacional española solicitó el lunes la apertura de una investigación al grupo automovilístico alemán Volkswagen por un presunto fraude y delito contra el medio ambiente en el marco del escándalo de las emisiones trucadas en millones de vehículos diésel del grupo.
En un documento al que tuvo acceso Reuters, el fiscal dice haber instado la investigación tras sendas querellas del sindicato Manos Limpias y de la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de los Afectados por Motores Volkswagen.
"En este estadio de las actuaciones podemos concluir que nos encontramos ante una defraudación que causa perjuicio a una generalidad de personas en el ámbito territorial de más de una audiencia", reza el escrito.
La fiscalía pide entre otras cosas que el Ministerio de Industria remita al juez toda la información que tenga sobre el caso, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) y los informes que haya recibido de Volkswagen y otras entidades involucradas.
Asimismo, el fiscal pide recabar del grupo alemán todos los comunicados emitidos desde que estalló el escándalo, así como el organigrama del grupo en España a fin de depurar responsabilidades, y la relación de vehículos afectados en el país.
Un portavoz de Volkswagen en España rechazó hacer comentarios.
El escándalo de las emisiones afecta en España a unos 700.000 motores diésel (principalmente de las marcas Volkswagen y Seat) de un total de 11 millones de vehículos afectados en todo el mundo.
El grupo germano genera el 7 por ciento de sus ventas en el país y su plantilla española ronda las 20.000 personas.
El Ministerio de Industria ha reiterado que Volkswagen ha garantizado los más de 4.000 millones de inversión comprometida por el grupo alemán en España.
Sin embargo, su titular José Manuel Soria ha enfriado las expectativas de que las ayudas por reducción de emisiones concedidas al grupo en el marco del plan de renovación de coches PIVE sean devueltas al estar vinculadas a emisiones de dióxido de carbono y no de nitrógeno.
En el documento, el fiscal también pide al Ministerio de Medio Ambiente que entregue, en caso de disponer de ellos, informes sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones.
