Con fecha 15 de septiembre, y tras varios meses de espera y un ultimátum de la Comisión Europea, se transpone por fin la Directiva 1937/2019, de protección de los denunciantes, que permitirá a los denunciantes alertar de casos de corrupción y otros delitos que afecten a los intereses de la Unión Europea (UE).
Esto quiere decir que las empresas que cumplan con los siguientes requisitos, estarán obligadas a implementar el Canal de Denuncias en el año 2023. La normativa establece que las entidades afectadas serán las siguientes:
- Las personas jurídicas con más de 50 trabajadores.
- Partidos políticos, sindicatos, patronales y las fundaciones, siempre que éstas últimas reciban o gestionen fondos públicos.
La normativa también afecta al Sector Público, y deberán contar con dicho canal:
- Las Administraciones Públicas.
- Los Organismos y Entidades Públicas.
- Las Autoridades Administrativas independientes y las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
- Las Corporaciones de Derecho Público.
- Las Fundaciones del sector público.
- Las Universidades Públicas.
Es verdaderamente importante que las entidades españolas implementen antes de que acabe el año el canal de denuncia en la empresa, pues las sanciones previstas por el incumplimiento de la norma se prevén desde los 1.001€ hasta los 300.000€, en el caso de personas físicas, y desde los 10.001€ hasta los 1.000.000€, en el caso de las personas jurídicas.
¿Cómo implementar el canal de denuncias?
En AGM disponemos de una herramienta informática que cumple con todos los requisitos que establece la normativa, y puede ser instalada fácilmente.
Además, junto con la herramienta informática, podemos ofrecer la gestión exclusiva del Canal y el asesoramiento a su órgano de Compliance. Todo ello a un precio altamente competitivo.
