España se sigue moviendo en un entorno cómodamente protector de las entidades financieras, y, a pesar de ser uno de los países más castigados por la crisis financiera e inmobiliaria, no se ha abierto un proceso de reflexión y ulterior reforma del sistema financiero
El Banco de España ha publicado recientemente una nota informativa, que resume las ayudas financieras públicas prestadas en forma de capital al sector bancario para los diferentes procesos de reestructuración y saneamiento de entidades. En total, las ayudas ascienden a la cantidad de 61.366 millones de euros, sin incluir los avales concedidos por el estado a las diferentes entidades, las ayudas privadas, los apoyos contingentes formalizados mediante esquemas de protección de carteras de activos y la participación pública en la Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarios Procedentes de la Reestructuración Bancaria.
Todo tiene un precio en la vida. El Gobierno ya ha reconocido que el Estado no podrá recuperar íntegramente los fondos públicos inyectados al sector bancario, lo que significa que será el contribuyente quién asuma ese coste. Como siempre, paga el ciudadano de a pie, el más afectado por la crisis y el que menos culpa tiene de que el sistema presente tantas deficiencias.
Una de las explicaciones que dio el Gobierno para justificar tan importante inyección de capital a la banca, fue la necesidad de que circulara el crédito entre las empresas. Sin embargo, la situación en tal sentido no ha mejorado. Según datos del Banco de España, desde el año 2009 se ha registrado una caída trimestral continuada del crédito, mientras que la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) reconoce la desaparición de un número no inferior a 450.000 empresas. Por su parte, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) registra treinta y siete meses de descensos interanuales consecutivos en las ventas del sector minorista.
No cabe duda que con tales ayudas, las entidades financieras están siendo las grandes beneficiadas de esta crisis económica, paradójicamente, quienes gran parte de culpa tienen de su existencia. Me pregunto si no hubiese sido mejor destinar todas esas ayudas a las PYMES, autónomos y a todas aquellas personas, organismos, instituciones o actividades capaces de generar empleo y riqueza para nuestro país. Hay que recordar que en España, las PYMES representan alrededor del 99,9 % de nuestra actividad y emplean a tres de cada cuatro trabajadores.
Lo que es cierto es que España se sigue moviendo en un entorno cómodamente protector de las entidades financieras, y, a pesar de ser uno de los países más castigados por la crisis financiera e inmobiliaria, no se ha abierto un proceso de reflexión y ulterior reforma del sistema financiero. Antes al contrario, es Europa la que impone o propone reformas que se mueven precisamente en el sentido contrario al de la norma comentada: de un lado, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha declarado que la legislación española relativa a desahucios vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas; de otro, las propuestas que hasta el diario americano Financial Times apoya, de promulgar una norma Glass-Steagall actualizada en todo el ámbito de la UE, a fin de obligar a la separación de bancos de inversión de los bancos comerciales, evitar la especulación con los ahorros y, en suma, proteger a los ciudadanos europeos, vistos también como contribuyentes.
