Decían los clásicos que un Código Penal debe proporcionar seguridad y estabilidad. Estos principios se han visto desbordados por el avance tecnológico y el poder de comunicación de los sistemas informáticos. Es comprensible la necesidad de actualizar algunos aspectos por los efectos de estos avances. Los intereses generales se han colocado incluso por delante de los valores individuales (vida, integridad física y moral o propiedad) y el Derecho Penal haya tenido que intervenir para preservarlos. La protección penal del medio ambiente, del urbanismo, de los consumidores, de los fraudes económicos a gran escala, de los derechos de los trabajadores o de la pornografía infantil entre otros.
La adaptación a estos nuevos valores viene incluso obligada por las normas supranacionales que emanan de la Unión Europea. La moda de la responsabilidad penal de las personas jurídicas construida por el sistema anglosajón nos va a enfrentar a complejas adaptaciones al sistema de la culpabilidad e imputabilidad personal en que se basa nuestro Derecho penal.
Se observa una exacerbada prolongación del sistema de penas a través de medidas complementarias, como la libertad vigilada, que adquiere unas dimensiones que revelan que el legislador penal no cree en el principio constitucional de la reinserción o resocialización. Es cierto, que el legislador las reduce a determinados supuestos de especial gravedad en los que la pena no resulta suficiente para excluir un elevado riesgo de reincidencia.
Una vez más se responsabiliza a los jueces de la adopción de estas medidas sin disponer de los asesoramientos técnicos y de las instituciones y establecimiento necesario para la efectividad de las medidas. El pronóstico lo debe realizar el juez que no es experto en psicología o sociología. Quiero recordar a los legisladores que el Tribunal Constitucional alemán suspendió en su día la entrada en vigor de las medidas de seguridad, hasta que el Estado demostrase que había construido establecimientos y puesto los medios técnicos para que el juez pudiese valorar la decisión. Queda mucho por hacer en esta materia sin caer en la tentación de la cadena perpetua, absolutamente inconstitucional, sea revisable o no.
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