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05/02/2023. 10:40:39

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El anteproyecto de la LOPJ

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Imagen de la Justicia

Alberto Palomar y Alberto García Ortiz opinan sobre el anuncio por parte del Gobierno de la tramitación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial es, sin duda, una noticia que no puede dejar a nadie. Indiferente.

LA CARA

Alberto Palomar.
Profesor Titular (acred.) de Derecho Administrativo.

El anuncio por parte del Gobierno de la tramitación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial es, sin duda, una noticia que no puede dejar a nadie indiferente. La existencia y el funcionamiento de un sistema de justicia es un elemento central de un Estado democrático y, más en concreto, una de las características que diferencian unas sociedades de otras más maduras.

Dicho esto cabe, igualmente, decir que la valoración actual del sistema judicial no es buena probablemente porque, en los últimos años, la actualización y modernización del mismo no ha formado parte de las agendas políticas. Una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace desde una perspectiva de políticas públicas.

Por tanto, que un Gobierno decida abordar la reforma en su totalidad de la justicia es, sin duda, una buena noticia porque implica que la misma ha entrado en la agenda política y que, finalmente, alguien considera que es precisa su actualización y la constitución de un modelo que dé un servicio diferente y tenga una utilidad social de la que, en muchos casos, ha carecido no tanto por su calidad sino, sobre todo, por los tiempos en los que se administra y, finalmente, lo costoso de la ejecución una vez que el éxito te ha sonreído.

Muchas de las medidas propuestas (tribunales de instancia, partidos judiciales, sistemas de reasignación funcional, etc….) son medidas que todos los expertos consideran como imprescindibles para la reforma y sobre las que, además, existe un cierto consenso político que, como siempre, puede ser truncado por los “adornos” del modelo que no formaban parte de aquellos consensos básicos.

No obstante el admitir que algunas cuestiones necesitan dialogo y consenso – no se puede reformar la Administración de Justicia cada año ni cada legislatura ni cada periodo de sesiones- es lo cierto que el bloque central parece que goza de algunos consensos esenciales.

Se trata, en síntesis, de un cambio o una transformación del servicio orgánico al servicio funcional. Las sinergias que produce lo funcional, la optimización de costes y de personal, la visión más gestora del servicio y del ciudadano son elementos que – con mayor o menor acierto- están detrás del proyecto. La mayor parte de las organizaciones, de las macro organizaciones se rigen, hoy, con criterios funcionales y no puramente orgánicos. El papel de las comunicaciones y de la tecnología permite que alguno de los defectos esenciales de la concepción funcional – el alejamiento físico del órgano- se compense con un servicio que sea suficientemente valorado por los usuarios.

Es cierto que estamos ante un proceso que no culmina en pocos meses ni siquiera con la aprobación de lo que ahora es anteproyecto. Queda mucha labor y serán precisas muchas horas de diálogo y aproximación para que el modelo funcione y para que las resistencias al cambio inherentes a cualquier organización no tengan más peso que, relativamente, deben tener.

Pero con un cierta visión de cultura de las organizaciones lo que, sin duda, resulta más relevante es que exista un auténtico liderazgo en la gestión del cambio. El modelo legal es relevante pero, sin duda, el éxito final es la gestión del cambio organizacional y la posibilidad de que la organización vea finalmente proyectado el nuevo modelo. Probablemente la experiencia y la propia organización es aquí donde tienen mayores carencias ya que se trata de una organización especialmente experta, con una formación específica de carácter jurídico y con escasas incidencias en la gestión pública moderna y en los esquemas de funcionamiento actual de otras organizaciones. Liderazgo político y gestión del cambio son los elementos centrales de un proyecto tan ambicioso.

LA CRUZ

Álvaro García Ortiz.
Portavoz y presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Fiscal de Medioambiente de Galicia

El Estado de Derecho y la separación de poderes ofrecen un curioso sistema de pesos y contrapesos, que permite a una sociedad democrática enfrentarse a los peligros que el predominio absoluto de uno de ellos puede arrastrar. Nadie niega legitimidad al Gobierno y a las Cortes, para impulsar la acción legislativa, el primero, y para aprobar las leyes el segundo. Asistimos, sin embargo a un proceso en el que la elaboración de las leyes, incluso las orgánicas, se parece más a la promulgación de un decreto ministerial que a la de un texto destinado a regular, nada menos, que la posición institucional de otro de los poderes del estado, el destinado al control de los actos de aquellos, el Poder Judicial.

Si atraer la inversión extranjera pueda estar en las entrañas del proyecto de promulgación de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que se pretende aprobar, (exposición de motivos), criterio saludable en un Reglamento o Decreto Ministerial, se torna patético al definir un principio equivocadamente economicista y si me permiten, “oscurantista”, sigue el Ministerio de Justicia en la elaboración de las leyes. El proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial nos confirma que esta manera decretal de legislar esconde las costuras mal hiladas de una ley, sorpresiva, no consensuada, no dialogada, que pretende cambiar el escenario judicial en nuestro país.

El proyecto de LOPJ nace cojo, anticuado, y tristemente indefinido en muchos aspectos en los que podía haber progresado. En cuanto a la fiscalía se refiere o la función del Ministerio Fiscal, no me puedo resistir destacar la paradoja de que sea nuestro Saturno particular, (el Ministro de Justicia es fiscal de carrera), el encargado de desmontar una institución que es fundamental en el desarrollo de la justicia, en la defensa de los derechos de los ciudadanos, y en desaprovechar sobre todo la potencialidad de esa carrera, a la que un día perteneció, en favor de los ciudadanos. No sabemos, o si, qué Titán le habrá encargado la tarea, que cumple con dedicación, de devorar a sus hijos o hermanos.

Tras las incumplidas promesas o proyectos de un nuevo marco procesal penal en el que el Ministerio Fiscal pueda cumplir su papel constitucional, y en el que los jueces, (cuyo control tanto obsesiona al ejecutivo), hagan el suyo, nos encontramos la oportunidad de potenciar el papel investigador de un cuerpo cuya estructura y principios se adaptan como un guante, como el guante que visten la mayoría de los países de nuestro entorno, a la labor de perseguir los delitos desde el inicio de su comisión.

Pero aunque esto sea así, y la opción del legislador pueda parecer legítima, no se puede leer del revés la Constitución y rebajar el contenido constitucional del artículo 124, para concebir al Fiscal, como hace el anteproyecto de ley, como uno de “ aquellos”, que sin integrar el poder judicial, “colaboran”, en diversas formas con él. Esta expresión, este postulado, contradice nada menos que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, integrado con autonomía funcional en el poder judicial, y define sin duda, un nuevo modelo de Ministerio Fiscal, que amenaza con desarrollar, en las sucesivas leyes procesales. Desconocemos pues si seremos minijueces o superpolicías, y el encaje que tendremos en esta visión geocéntrica, o magistradocentrica de la LOPJ, y el lugar del territorio translunar o sublunar nos coloca, en esta ceguera total que asimila Justicia y Poder Judicial que solo tienen al parecer, la dignidad de encarnar los jueces.

Pero claro, algún día nos lamentaremos de la oportunidad perdida de hablar con seriedad de especialización judicial, circunscripciones judiciales que abarquen realidades territoriales con criterios de servicios públicos, y que se desprendan de una vez del corsé administrativo de una organización creada en 1833; de un Consejo General del Poder Judicial verdaderamente representativo; de Salas de Gobierno en las que puedan manifestarse todos los actores de esto que llamamos Justicia; de la dignidad del cuerpo de Médicos Forenses; de la necesidad de garantizar el auxilio a la Justicia, de la definición concreta de un modelo constitucional de Policía Judicial, de la información judicial… Avanzar en suma para alejarnos de la aristotélica ética elitista, y legislar para el ciudadano y para la sociedad.

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