- Alega que la jurisprudencia internacional prohíbe la aplicación de «obstáculos legales» como la amnistía
Cuatro mandatos de Naciones Unidas han advertido al Gobierno español de que incumple con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al archivar querellas por crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición, ha informado Irídia en un comunicado este martes.
La comunicación oficial, consultada por Europa Press, la firman el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En ella, expresan una «seria preocupación» con respecto a una aparente ausencia de investigación judicial en 18 casos tramitados ante tribunales españoles al amparo de la nueva Ley de Memoria Democrática por presuntos crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición.
En este sentido, los relatores recuerdan al Estado español que mientras no inicie investigaciones «estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos».
«Recordamos que, si bien es importante asegurar que la justicia opere con respeto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causas de extinción de la acción penal, tales como las amnistías», en causas de crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de los derechos humanos.
Los relatores insisten en que la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968 establece la «imprescriptibilidad» de los crímenes de lesa humanidad, independientemente de cuándo se hayan cometido.
De igual modo, la jurisprudencia internacionales prohíbe la aplicación de «obstáculos legales» o jurídicos a la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, tales como inmunidades, amnistías (ya sean totales o parciales) o la prescripción, ya que propician la impunidad e impiden a los Estados investigar y procesar a los responsables de tales hechos.
Peticiones
Por todo ello, los relatores han solicitado al Estado que informe del estado actual de estas 18 querellas y, en caso de haber sido archivadas o inadmitidas, que indiquen si las decisiones judiciales correspondientes se ajustan a los estándares internacionales.
También piden saber el número total de querellas que actualmente están pendientes de tratamiento y resolución en tribunales del ámbito estatal y qué medidas se han adoptado para que las mismas sean resueltas de forma «eficaz, rápida, exhaustiva, independiente e imparcial», a fin de ofrecer un recurso adecuado a las víctimas.
Este pronunciamiento llega después de que en diciembre de 2025, las entidades Irídia y Ceaqua presentaran un comunicado conjunto ante el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas.
En él, informaron sobre 18 casos denunciados tras la entrada en vigor de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática: 17 querellas interpuestas ante juzgados y tribunales españoles y una denuncia presentada ante la Sección Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Respuesta
En su respuesta, consultada por Europa Press, el Gobierno ha alegado que los tribunales han archivado o inadmitido estas causas basándose en normativas penales internas, es decir, aplicando la doctrina constitucional sobre prescripción, la Ley de Amnistía y los principios de legalidad e irretroactividad de las normas penales.
Ahora, las entidades exigen al Gobierno que implementen las peticiones de los relatores con la «máxima celeridad».
En este sentido, piden que se traslade su comunicación a los órganos judiciales y a la Fiscalía de Memoria para que ésta elabore una circular interna instando a investigar estas querellas, que se derogue la Ley de Amnistía de 1977, que se reforme el Código Penal para incluir la imprescriptibilidad del delito de tortura y que se ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad.
