El Gobierno y el Partido Popular, que se encuentran negociando un pacto de Estado de Energía, coinciden en que los cambios en el precio mayoristas tienen que trasladarse al recibo de la luz del consumidor, dijo el lunes el secretario de Estado de Energía.
"Parece claro que en el acuerdo entre los dos partidos sí que tenemos decidido que los cambios que se produzcan en el precio de la energía dentro del componente energético se tienen que traducir a los precios finales", dijo Pedro Marín a periodistas en declaraciones recogidas por la Cadena Ser.
El Gobierno y el principal partido de la oposición acordaron congelar el recibo eléctrico a los consumidores en la revisión de julio de 2010 como parte de las conversaciones para cerrar un Pacto de Estado de Energía. Las negociaciones incluyen una profunda revisión de los costes del sistema energético español.
La semana pasada, el Gobierno propuso mantener sin cambios la parte regulada del recibo de la luz, los peajes de acceso, en la revisión de octubre, dejando la eventual subida en la tarifa final en manos de la parte variable – la subasta entre comercializadoras (CESUR) que tiene lugar el martes 21 de septiembre.
El precio fijado en la subasta tiene un peso de en torno a un 50 por ciento en el cálculo de la tarifa final al pequeño consumidor (Tarifa de Último Recurso o TUR).
El Gobierno revisa la tarifa eléctrica cada trimestre. El Ministerio de Industria envía una propuesta para los peajes de acceso – que financian la parte regulada del sistema como la distribución o las primas a las renovables – a la Comisión Nacional de la Energía, que remite una opinión no vinculante. El Ejecutivo aprueba su decisión sobre los peajes y sobre la TUR.
La TUR es la única tarifa regulada en España desde la liberalización del sector y fue diseñada para proteger a los pequeños consumidores. La mayor parte de los hogares españoles se acogen a ella.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
