MADRID (Reuters) – El Gobierno dijo el miércoles que tendrá disponible en un plazo de dos meses la línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que las Comunidades Autónomas (CCAA) paguen las deudas que tienen contraídas con proveedores, y anunció responsabilidades penales para los políticos que incumplan los presupuestos.
"Esa línea de crédito (del ICO) puede estar abierta y lista en poco tiempo, en un par de meses", dijo el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en una entrevista con la cadena radiofónica Ser.
El martes, el Ejecutivo central transmitió a las CCAA su disposición a respaldarlas financieramente con la creación de una línea de crédito del ICO y la introducción de otras medidas que contribuyan a que las regiones puedan atender sus pagos a proveedores y sus vencimientos de deuda.
Montoro señaló que esta facilidad permitirá a las regiones acortar los plazos para saldar sus deudas con las empresas proveedoras que, en no pocos casos, se ven en situaciones muy difíciles para subsistir ante la gravedad de la crisis económica que atraviesa el país.
En relación con esta materia, el titular de Hacienda también indicó que desde las próximas semanas se anticipará a las CCAA las liquidaciones relativas al pago del año 2010.
Montoro explicó el martes, tras la primera reunión del Gobierno del Partido Popular con las CCAA, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que estos mecanismos de apoyo estarán sujetos a la introducción por parte de las regiones de planes adicionales de ajuste fiscal.
RESPONSABILIDADES PENALES
En este sentido, se refirió a las sanciones con las que el Gobierno penalizará en el futuro a las CCAA que incumplan con los objetivos de déficit, con castigos que podrían recaer sobre la figura de los gestores públicos, tal como se recogerá en la Ley de Transparencia.
"Vamos a exigir responsabilidades penales (…) Un gestor público (…) no puede gastar más allá de los límites que tenga en su presupuesto", indicó Montoro.
En la reunión del martes del CPFF, el Ejecutivo dejó claro que si una Comunidad Autónoma incumple de manera sistemática sus límites de déficit, podría ser intervenida por la administración general del Estado.
Desde el Congreso de los Diputados, el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares dijo que la propuesta de Montoro dista de la forma correcta de funcionar en un estado democrático.
"Creo que la responsabilidad de los gobernantes es con sus votantes y cuando cometen un delito, con los tribunales de justicia. Pero el señor Montoro no se puede convertir en el Tribunal Supremo, porque no lo es", dijo Llamazares.
"El señor Montoro lo que tiene que garantizar es que funcione bien la Hacienda pública y creo que está haciendo cortinas de humo para obviar su responsabilidad en esta materia", aseguró.
Desde CiU, Carles Campuzano calificó la visión del ministro Montoro de "muy paternalista " respecto a las comunidades autónomas.
"Si alguien debe asumir responsabilidades por la mala gestión seguramente en esta crisis son más bien los responsables del gobierno central, que no exclusivamente y principalmente los gobiernos autonómicos, que en definitiva, viven de las transferencias que el Estado realiza asumiendo las responsabilidades en el ámbito del Estado del Bienestar y con un margen de actuación muy limitado como estamos viendo en esta crisis", afirmó Campuzano.
Por su parte, el expresidente de la Junta de Andalucía y ex vicepresidente del Gobierno de Zapatero, el socialista Manuel Chaves, recordó que los gestores públicos, cuando cometen un delito, siempre están sometidos a las leyes y a la justicia.
"Otra cosa son las responsabilidades políticas que siempre se deben de exigir en el Parlamento por el control o por las iniciativas parlamentarias. Yo creo que eso es lo propio y lo normal en un Estado de Derecho", interpretó Chaves.
