MADRID (Reuters) – El Consejo de Ministros anunció el viernes que recurrirá el pago de un euro por receta que la Comunidad de Madrid ha empezado a aplicar desde el 1 de enero, al igual que ya lo hiciera hace semanas con la misma medida adoptada en Cataluña.
"(La medida) afecta a las condiciones de igualdad de los ciudadanos y grava la prestación de un servicio
",
dijo la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría sobre las razones de
la apelación del Gobierno, tras añadir que las autonomías no tienen
competencias para aplicar esta medida pese a tener transferidas las
competencias sanitarias.
"Son los mismos motivos que para Cataluña", dijo la vicepresidenta.
La decisión del Gobierno contra una comunidad también gobernada por el PP se produce poco después de que el Partido Socialista presentara su propio recurso ante el Constitucional, firmado por 50 senadores, contra el euro por receta en Madrid, cuyo presidente volvió a defender hoy en una entrevista en TVE.
"Entendemos que es una medida que ayuda a racionalizar el gasto sanitario y entendemos que estamos actuando dentro de nuestro marco de competencias", dijo Ignacio González.
El presidente madrileño, que defendió que la medida es "disuasoria, no recaudatoria", dijo que está dispuesto a negociar con el Gobierno central y a asumir el mismo acuerdo que se llegue con Cataluña, que aplica el pago de un euro por receta desde junio.
El presidente madrileño insistió que la medida que entró en vigor el 1 de enero busca racionalizar el gasto farmacéutico, que dijo que en España estaba un 15% por encima de la media europea.
"Tenemos que recortar 2.700 millones de euros, el euro por receta son 80", añadió González, quien sustituyó a Esperanza Aguirre tras su dimisión en septiembre.
El euro por receta, que tiene un límite máximo para el usuario de 72 euros al año, se ha sumado a un incremento del precio de los medicamentos para el usuario en el último año, en lo que algunos califican un "copago" y otros un "repago", en una batalla política que ha puesto de manifiesto discrepancias dentro del Partido Popular en el poder.
Las medidas de austeridad que la Comunidad de Madrid (CAM) está aplicando en la sanidad pública también ha provocado una oleada de protestas, huelgas y movilizaciones del personal sanitario conocida como 'marea blanca' desde hace más de dos meses.
Entre otras medidas, la CAM ha dado el visto bueno a la privatización de la gestión de seis hospitales públicos y un 10 por ciento de los centros de salud de la región para poder cumplir con el objetivo de déficit público.
Madrid, al igual que las demás comunidades autónomas, tiene que cumplir un objetivo de recorte del déficit público del 0,7 por ciento del Producto Interior Bruto para 2013, frente al 1,5 por ciento del pasado año, dentro de la meta general del 4,5 por ciento pactado por el Gobierno español con la Comisión Europea.
