MADRID (Reuters) – Miles de trabajadores del sector judicial interrumpieron el miércoles su actividad durante una hora para protestar contra las reformas que plantea el Ministerio de Justicia, que creen que devaluará el servicio, en el último ejemplo de un colectivo público que se rebela contra los ajustes del Gobierno por la crisis económica.
La protesta estaba convocada por dieciocho agrupaciones judiciales de un espectro ideológico muy diverso, en las que había desde asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales a sindicatos y usuarios, y amenaza con desembocar en una huelga si el Gobierno no da marcha atrás en unas reformas que incluyen la ley que impone tasas en algunos procesos.
Frente a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, los empleados judiciales, algunos ataviados con camisetas amarillas en defensa de una justicia gratuita, pidieron una dimisión del ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, y corearon consignas como "entre todos pararemos el tasazo judicial".
El sector reclama cambios en una serie de medidas que estudia el ministerio, como la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que cambia el sistema de elección de los órganos judiciales y reduciría los días de asuntos propios de los funcionarios judiciales, o la del Registro Civil, que pasará a cobrar por algunos trámites hasta ahora gratuitos.
Pero Ruiz-Gallardón acusa a jueces y fiscales de preparar una protesta corporativa porque pierden algunas de sus ventajas, un aspecto que niegan los funcionarios judiciales.
"Reconozco que (las reformas) causan perjuicios directos en algunos colectivos pero si no la abordamos nos quedaríamos con un sistema obsoleto e ineficiente", declaró el titular de Justicia en una entrevista en la Cadena Cope.
Los juzgados españoles, que se han quedado históricamente al margen de la modernización que ha transformado otros sectores de la administración pública como Hacienda, están colapsados por falta de recursos materiales, profesionales y carencia de informatización de los procesos, a lo que hay que sumar los recortes de financiación en los últimos años por la crisis económica.
"Si quiere reducir el conflicto a un tema estrictamente económico, sinceramente decirle que está totalmente equivocado. Que lea cuáles son nuestras propuestas, que están perfectamente documentadas, están integradas todas en una plataforma y en una comisión interasociativa…", dijo en declaraciones a RNE el juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, en referencia a Gallardón.
TASAS
El ministro defendió la polémica ley de tasas, que está aprobada pero no ha entrado en funcionamiento por una cuestión técnica, alegando que supone sólo un 10 por ciento del coste de algunos pleitos y que de este modo se podrá financiar la justicia gratuita para personas con pocos recursos.
Ruiz-Gallardón indicó que se prevé recaudar con el sistema de tasas unos 300 millones de euros, un 8 por ciento de los 3.900 millones que cuesta la justicia en España, teniendo en cuenta los costes del Consejo General del Poder Judicial, Ministerio y competencias transferidas a las Comunidades Autónomas.
"La media de la UE es que la justicia se paga con cargo a impuestos en un 70% y un 30 por ciento la pagan los litigantes. Nosotros vamos a establecer un sistema que significa tres veces menos para los litigantes que la media de la UE", defendió Gallardón.
El ministro afirmó que los propios jueces le pidieron la imposición de tasas, pero estos afirman que las impuestas son excesivas.
"Creo que es un sistema razonable, el nivel de litigiosidad es verdaderamente insoportable, ¿qué sentido tiene que en España con 47 millones de habitantes hayamos tenido 9,5 millones de litigios, y que Francia que tiene 20 millones de habitantes más haya tenido 6,5 millones?", se preguntó.
El 83 por ciento de los españoles está en contra del pago de las tasas para acceder a la justicia, mientras que un 79 por ciento cree que las tasas impuestas en el nuevo texto son excesivas, según una encuesta difundida a finales de noviembre por el Consejo General de la Abogacía Española.
