MADRID (Reuters) – El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón está más cerca de sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación al investigar los crímenes del franquismo, después de que el Tribunal Supremo anunciara el miércoles la transformación del proceso, informaron fuentes judiciales.
El juez del Supremo Luciano Varela ha dictado un auto que será dado a conocer en las próximas horas en el que transforma las diligencias del caso en procedimiento abreviado, agregaron las fuentes.
Contra esta decisión existe la posibilidad de recurso, y la defensa de Garzón ya ha confirmado que lo presentarán directamente ante la Sala de lo Penal del Supremo. En este plazo, las acusaciones pueden presentar su escrito de acusación.
La querella contra Garzón por la causa del franquismo fue interpuesta por el sindicato derechista Manos Limpias, a la que se adhirieron la organización Libertad e Identidad y Falange Española, que acusan al juez de investigar unos crímenes a sabiendas de que no era competente para instruir el caso y conocer la prescripción de los delitos y el fallecimiento de víctimas y autores.
Garzón acusó al general Francisco Franco y a otros miembros de su Gobierno de la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posguerra, en un proceso en el que autorizó la exhumación de fosas comunes, aunque luego se inhibió ante los tribunales provinciales para que estos decidieran.
Garzón ha defendido su actuación y ha asegurado que demostrará su inocencia "absoluta" por la interpretación de unas normas que afirma es compartida por muchos otros juristas. El magistrado había solicitado declaraciones de juristas internacionales expertos en crímenes de lesa humanidad y de magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional, que fueron rechazadas por Varela.
El juez, que declaró como imputado en septiembre en esta causa, ha asegurado que es "probable que a algunos" les gustaría verle sentado en el banquillo, pero que los jueces deben cumplir las normas como el resto de los ciudadanos.
La condena por prevaricación de los funcionarios públicos es de entre siete y diez años de cárcel, y de ser declarado culpable, Garzón podría ser expulsado de la carrera judicial, según fuentes judiciales.
Tras conocer la noticia, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, dijo confiar en las decisiones del Poder Judicial y pidió mantener la presunción de inocencia.
Varias asociaciones de juristas han acusado de "injustificado" el encausamiento de Garzón, e incluso el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ensalzado su trayectoria en la lucha contra ETA.
Garzón tiene otros dos casos abiertos en el Supremo: por las escuchas en el caso de corrupción Gürtel – anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid – y por el presunto cobro de un dinero del Banco Santander cuando realizó tareas de docencia en Nueva York.
Tras la admisión de estas querellas, el Consejo General del Poder Judicial está estudiando si suspende provisionalmente al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, una decisión que tiene que tomar la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces y que se prolongaría hasta que en algunas de las causas fuera absuelto o condenado.
