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02/12/2022. 10:35:20

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La Justicia española se resiste a perder su alcance internacional

Reuters

MADRID (Reuters) – Los nuevos límites de la justicia universal en España, que fuerzan el archivo de varios casos internacionales de crímenes contra la humanidad, han levantado ampollas entre la judicatura y prometen años de litigios que deberá resolver el Tribunal Constitucional, el más alto del país, según expertos.

Thubten Wangchen, el monje tibetano que causó fricción entre China y España al presentar una denuncia por derechos humanos en los tribunales españoles, durante una entrevista con Reuters en Madrid, el 11 de febrero de 2014

La ley española reconoce desde 1985 que los jueces pueden investigar casos de genocidio, crímenes contra la humanidad, terrorismo, o tráfico de drogas, entre otros, en todo el mundo, siendo el caso más relevante el que protagonizó en 1998 el magistrado Baltasar Garzón al tratar de conseguir la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet.

"Lo que no se puede hacer mediante una ley es evitar que los jueces que están en situación de resolver esos conflictos no sigan adelante, muchos de ellos planteándose si esa reforma es acorde o no a la Constitución", dijo Ignacio Torres Muro, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La aplicación de este amplio principio jurídico ha acarreado graves conflictos diplomáticos al Gobierno español, como la amenaza velada de China a raíz del procesamiento del expresidente Jiang Zemin este año, pero también una oleada de reconocimiento internacional a favor de los derechos de las víctimas.

"Se decía que la gente que no encontraba justicia venía a España. Tenemos casos de El Salvador, Chile, el Holocausto nazi, los vuelos de la CIA, Falun Gong, Tíbet, Guantánamo, Al Daraj, Pinochet, Ruanda, los bombardeos de Gaza en 2002… Tenemos como 13 casos abiertos", dijo Nieves Noval, profesora de Derecho Procesal de la Universidad Europea de Madrid (UEM) y abogada.

Los sucesivos gobiernos han limitado el alcance de la ley por esas presiones diplomáticas, hasta que ahora básicamente se reduce a casos en los que haya víctimas o culpables españoles, prácticamente acabando con el principio de justicia universal, según expertos.

"Está claro que la intención del Gobierno era quitarse determinados asuntos cuyo origen era una interpretación de la justicia universal que nos convertía en los juzgadores de todo tipo de problemas en el mundo", dijo Torres, que imparte clase en la UCM desde 1986.

La Justicia española llegó a emitir en febrero una orden internacional de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes por su presunta responsabilidad en un caso que investiga supuestos abusos de derechos humanos en el Tíbet por parte de China.

El Ministerio chino de Exteriores reaccionó airadamente un día después, pidiendo abiertamente al Gobierno español que impidiera este proceso judicial.[ID:nL5N0LC1WI]

Los expertos dicen que la ley, tramitada por el procedimiento de urgencia y en vigor sólo un mes después de la orden de detención, estuvo motivada por estas presiones y también para evitar en el futuro situaciones similares que acaben en una crisis diplomática de impredecibles consecuencias.

"No se puede legislar a golpe de problema, y aunque la justicia universal era problemática antes de que se planteará el tema chino, alguien tendría que pensar en las situaciones antes de que se genere un conflicto internacional que obligue al Gobierno a modificar una ley", dijo Caridad Velarde, profesora de Derecho Público de la Universidad de Navarra.

Aunque el Gobierno español ha desestimado esas presiones, la realidad es que la norma allana el camino de la diplomacia y las relaciones económicas en un momento en que la prioridad del Ejecutivo es afianzar una tímida recuperación económica tras una crisis de un lustro que mantiene en el paro a uno de cada cuatro españoles.

LOS PROBLEMAS CRECEN…

La aplicación de la reforma ha sido polémica desde el primer momento, porque obliga a los jueces a pronunciarse sobre cada uno de los casos, con resultados sorprendentes hasta el momento.

Varios jueces de la Audiencia Nacional decidieron excarcelar a decenas de supuestos narcotraficantes detenidos con grandes cargamentos de droga en el mar, principalmente porque eran todos extranjeros, aplicando la reforma, que pide archivar las causas en que no hay españoles implicados. [ID:nL6N0N3319] [ID:nL6N0N0250]

Sin embargo, algunos jueces se han negado a archivar casos como el de genocidio en Guatemala u otro ligado a asesinatos en el Chile de la dictadura de Augusto Pinochet, alegando que había víctimas españolas y dando continuidad al principio de justicia universal.

Mención aparte merece el caso ampliamente seguido en España de la muerte del cámara de televisión José Couso en la Guerra de Irak de 2003 por el disparo de un tanque estadounidense.

El juez decidió no archivarlo esgrimiendo que eso iría en contra de la Convención de Ginebra, un tratado internacional vinculante cuyo fin es proteger a las víctimas de los conflictos armados.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, formado por más de una decena de jueces, se pronunciará sobre el caso Couso previsiblemente el viernes 6 de junio, y en el futuro también se deberá pronunciar sobre el caso del Tíbet y otros, sentando la base para interpretarlos ante las dudas de los jueces al aplicar la norma.

Y EL TIEMPO PASA PARA LAS VÍCTIMAS

Ante el aparente caos judicial que ha supuesto la norma, los expertos dijeron que el Tribunal Constitucional (TC) tendrá que pronunciarse tarde o temprano, ya sea a iniciativa de un juez, un tribunal o las propias víctimas de los casos investigados.

"El TC se va a tener que pronunciar. A nivel individual, va a haber recursos uno detrás de otro", dijo Noval, la abogada experta en Derecho Procesal.

El abogado de la familia Couso, Enrique Santiago, dijo a Reuters que, en caso del archivo del caso, la familia ya había decidido que recurriría al TC.

"Nosotros vamos a ir al (Tribunal) Constitucional con un recurso de amparo", dijo, preguntado sobre si la Audiencia Nacional archiva su causa.

En cualquier caso, una decisión del TC sobre la norma tardaría años, algo que se produciría previsiblemente en otra legislatura, teniendo en cuenta que la actual termina el año próximo.

"Desde el Gobierno, saben que la reforma va a ser una cosa de medio-largo plazo. Ya veremos cuando se plantee en el TC. Puede ser que el TC no diga que todo está mal, pero sí (que cambie) uno u otro detalle", dijo el catedrático Torres Muro.

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