MADRID (Reuters) – La senda de consolidación fiscal emprendida en España es ambiciosa pero han de reforzarse las reformas estructurales que impulsen una economía que arrastrará un crecimiento débil en los próximos años, dijo el lunes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
En su estudio, los analistas de la organización indican que, aunque las medidas de austeridad de España son consistentes con el objetivo de reducir el déficit público al 6 por ciento en 2011, hay riesgos de que el Gobierno se vea obligado a tomar medidas adicionales.
"Si (los riesgos) se materializan, podrían ser necesarias nuevas medidas de consolidación para alcanzar los objetivos presupuestarios", dijo el informe.
La OCDE dijo que el Gobierno debería estar dispuesto a elevar los impuestos si es necesario, ya que parte de las medidas emprendidas no son de carácter sostenible (como los recortes de salarios públicos), las previsiones de crecimiento son optimistas y faltan medidas específicas para contener el gasto público después de 2011.
"La aplicación del tipo más elevado de IVA a más bienes y servicios sería una posibilidad de elevar los ingresos", dijo la OCDE, que también recomienda impuestos medioambientales en lugar de ayudas para alentar la responsabilidad.
El Gobierno español elevó el IVA general al 18 por ciento desde el 16 por ciento en julio, mientras que el IVA reducido, para productos considerados básicos, se elevó un punto al 8 por ciento.
En un momento de gran presión de los mercados de deuda sobre España por su elevado déficit público, el informe indicó que son esenciales las políticas que permitan restaurar la confianza de los inversores para reducir los costes de financiación pública.
La organización dijo que la reforma laboral realizada es fundamental para reequilibrar la economía hacia una mayor competitividad y productividad, pero señaló que los esfuerzos reformistas han de profundizarse.
Por ejemplo, señala la conveniencia de introducir un único contrato que elimine la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, y de reducir la capacidad de los convenios colectivos de determinar los salarios.
En cuanto a la reforma de pensiones, que el Gobierno tiene previsto aprobar a finales de enero, la OCDE la considera esencial y urgente, incluida la controvertida propuesta de elevar la edad de jubilación a 67 desde 65 años.
"Para contener los significativos costes del envejecimiento (de la población) es urgente llevar a cabo una reforma de las pensiones, incluido un incremento en la edad de jubilación y limitaciones a la salida temprana del mercado de trabajo", dijo el informe.
El primer sindicato español ya ha advertido de la posibilidad de convocar una nueva huelga general, al igual que ocurrió con la introducción de la reforma laboral, si el Gobierno insiste en su propósito de elevar a 67 años la edad de jubilación.
La OCDE también recomienda que se extienda el periodo mínimo de años de cotización necesarios para acceder a una pensión completa, actualmente en 35 años, y que se calcule el importe de la pensión en función de toda la vida laboral y no sólo los últimos 15 años que establece la actual legislación.
DÉBILES PERSPECTIVAS
La OCDE también advirtió sobre el débil crecimiento que se espera en el futuro. Prevé un crecimiento del 1,8 por ciento en 2012, frente a una previsión del Gobierno del 2,5 por ciento en la que están basados los objetivos de déficit.
"La economía reanudó un crecimiento lento en la primera mitad de 2010, pero se espera que el crecimiento siga débil debido a los necesarios ajustes en el sector de la vivienda y un elevado nivel de deuda privada", dijo.
Por ello la OCDE espera que el paro, actualmente cerca del 20 por ciento, seguirá en niveles altos aunque confía en que comience a caer de manera significativa en 2011.
El paro también constituye un riesgo para las carteras hipotecarias de las cajas de ahorro españolas, muy perjudicadas por el estallido de la burbuja española, y el daño podría ser mayor en el caso de subir los tipos de interés en la zona euro.
La organización dijo que, aunque la resistencia de las cajas se ha fortalecido con las fusiones realizadas, debería reducirse el control que sobre estas entidades ejercen las Comunidades Autónomas.
La OCDE lanzó un guiño al Banco de España al afirmar que el sector financiero español ha aguantado bien la crisis, "saliendo de ella con abundante capital y colchones de provisiones gracias en gran parte a una supervisión financiera prudente".
La organización también instó al Gobierno a mejorar las normas de gasto que se aplican a las Comunidades, que en 2009 fueron responsables de un 23 por ciento del déficit público español, para garantizar que no gasten en exceso cuando la economía marcha bien.
