Los enfrentamientos empañan la jornada de huelga general en Madrid

La huelga encontraba un alto seguimiento en la industria y un apoyo mucho menor en el comercio minorista. Algunas calles céntricas de capital, como Gran Vía, estaban cortadas por el amplio dispositivo policial ante la presencia de manifestantes y piquetes. Más tarde, la Policía empleó cargas y balas de goma para dispersar a los manifestantes reunidos en la plaza de Cibeles.

Testigos de Reuters vieron a la policía despejar a grupos de manifestantes con cargas policiales en el centro de la capital.

"Esto (los recortes) es un ataque a la conquista de todos los derechos laborales, sociales, individuales, y al Estados del Bienestar", afirmó en Madrid, profesor de 54 años. "No es un día de mucho movimiento. Muchas tiendas están abiertas por miedo a perder sus puestos de trabajo. Por eso esta es también una huelga de consumo".

La Policía Nacional informó en su cuenta de Twitter de que 82 personas habían sido detenidas a lo largo del día. La Delegación de Gobierno en Madrid señaló que 31 de los arrestos se produjeron en la capital, en incidentes aislados, como piquetes violentos en la estación de Renfe de Alcorcón o el corte de una línea de Metro.

Pese a ello, la secretaria de Interior Díaz consideró que la jornada de trabajo se estaba desarrollando con "normalidad", el mismo apelativo empleado por la patronal, la CEOE, contrastando con el punto de vista de sindicatos, que veían un respaldo "masivo" a la huelga.

Los líderes sindicales señalaron a mediodía que la mayoría de las protestas habían transcurrido de forma pacífica y sin incidentes e invitaron a las personas que no habían hecho huelga a sumarse a las marchas.

"Muchísimas personas, casi 6 millones de personas en paro, jubilados y pensionistas, gente que (…) ha tenido que participar en servicios mínimos tanto en Administraciones Públicas como sector privado (…) tienen la ocasión de sumarse a las manifestaciones y convertir las mismas en una riada democrática de exigencia de cambio al gobierno", afirmó Ignacio Fernández Toxo, secretario general de Comisiones Obreras.

Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó que España no tiene alternativa a las políticas de austeridad y que la huelga no es el camino adecuado para atenuar las incertidumbres en la economía española

"La hoja de ruta del Gobierno es la única posible para dejar atrás esta crisis larga y garantizar el futuro del estado de bienestar", dijo De Guindos en una comparecencia en el Congreso para valorar la huelga. "El Gobierno muestra su respeto al derecho de la huelga (…) pero también considera que en estas circunstancias de la economía española este no es el camino adecuado para reducir la incertidumbre que nos afecta"

En barrios madrileños de la periferia también se vieron manifestaciones. En el barrio de Hortaleza, unos 50 vecinos habían cortado una calle en las primeras horas de la mañana hasta que la policía les obligó a retirarse.

"Salimos a la calle por todo lo que está pasando y sobre todo por los que no pueden venir", dijo Mari Cruz, empleada de limpieza de 50 años en la Universidad Complutense de Madrid, que estaba en la calle desde primeras horas de la mañana junto a tres compañeras de trabajo.

Los manifestantes atascaron cajeros automáticos con pegamento y monedas y colocaron pegatinas contra el Gobierno en los escaparates. En Barcelona, cientos de contenedores de basura se retiraron de las calles para evitar que se les prendiera fuego.

ALTO SEGUIMIENTO INDUSTRIA Y TRANSPORTE

Los sindicatos dijeron que el seguimiento del paro en la industria del metal era del 83 por ciento, y de más de 90 por ciento de los trabajadores de servicios públicos tales como correos y la operadora ferroviaria Renfe.

La huelga, convocada para protestar contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, es la novena convocada desde la llegada de la democracia a España, donde la crisis ha dejado al 25 por ciento de los trabajadores en el paro, unos 5,8 millones de personas según Eurostat.

Las protestas, que coinciden con otra huelga convocada en la vecina Portugal y con paros laborales convocados en otros países del sur de Europa como Grecia o Italia, provocaron interrupciones en el transporte regular en las carreteras y a los aeropuertos españoles.

Las tres aerolíneas nacionales, Iberia, Vueling y Air Europa, cancelaron unos 400 vuelos para esta jornada.

Mientras tanto, el Ministerio del Interior señaló que los servicios mínimos del 30 por ciento para cercanías, autobuses y trenes de largo recorrido se están cumpliendo en las grandes ciudades, aunque esto no impedía retrasos en el servicio.

"Tuvimos que esperar una hora", explicó una empleada de limpieza en Madrid.

Como indicador del seguimiento de la huelga, el Ministerio del Interior dijo que, de acuerdo con los datos de red Eléctrica, el consumo eléctrico en España se situaba a primera hora un 16 por ciento por debajo del consumo previsto en condiciones normales, frente al 21 por ciento de la anterior huelga general, del 29 de marzo.

MENOR SEGUIMIENTO PEQUEÑA EMPRESA

Tal como se preveía, mientras los trabajadores de grandes empresas e industria secundaban de forma masiva la huelga, ésta no obtenía el mismo nivel de adhesión entre trabajadores de pequeñas y medianas empresas y entre algunos trabajadores de la función pública.

Con la economía nacional en su segunda recesión en tres años, algunos señalaron que iban a trabajar porque no podían permitirse perder el salario del día o por temor a perder el trabajo.

"La huelga está justificadísima pero no me puedo permitir que me descuenten todo ese dinero", dijo una secretaria de instituto de unos cincuenta años que no quiso dar su nombre.

Otros, como Celina Carretón, auxiliar de enfermería del Hospital La Paz de Madrid de 55 años, también mostraron su negativa a secundar la jornada al considerarla una convocatoria "política".

El principal partido de la oposición, el Partido Socialista, apoya la convocatoria a esta huelga, aunque la mayoría de sus diputados sí que han acudido al Parlamento y esta tarde está prevista una reunión con el Gobierno para tratar la problemática de los desahucios.