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17/04/2024. 18:39:18

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Puigdemont estudia ir al Senado en medio de peticiones a la desobediencia civil

Reuters

MADRID (Reuters) – El presidente catalán, Carles Puigdemont, estaría abierto a acudir al Senado antes de que el viernes la cámara baja apruebe la intervención estatal en Cataluña, donde el movimiento independentista está alentando acciones en pro de la desobediencia civil.

Participantes en la manifestación del sábado 21 de octubre en Barcelona por la libertad de los dos líderes de las organizaciones sociales secesionistas sosteniendo una bandera independentista

Puigdemont pretende compaginar su viaje a Madrid para presentar alegaciones a las medidas excepcionales aprobadas por el Gobierno español con un pleno del Parlament en el que podría declararse unilateralmente la independencia el jueves, según fuentes parlamentarias catalanas citadas por La Vanguardia.

"La cámara estará encantada (de recibirle)", dijo el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz, a periodistas emplazando al jefe del Ejecutivo catalán a comparecer el jueves por la tarde ante una comisión creada sobre este asunto.

Horas antes, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, había emplazado a Puigdemont a que convocara elecciones autonómicas, lo que podría desactivar unas medidas que incluyen el cese del Govern y el control del Parlament.

"El acuerdo está en el Senado, y hasta el último momento los trámites permiten que pueda adaptarse a las circunstancias que se planteen durante toda la semana", dijo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en una entrevista radiofónica.

Sin embargo, el portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, reiteró en Catalunya Radio que no había "sobre la mesa" unas elecciones en Cataluña, en las que, según un sondeo difundido el domingo, volverían a ganar los independentistas, aunque sin superar el 50 por ciento de los votos. 

En este contexto, el influyente Círculo de Economía, una asociación en cuya junta directiva están representadas grandes compañía catalanas, desde CaixaBank o Sabadell a Colonial o Puig, dijo en un comunicado que la región puede encaminarse a una dinámica de descontrol, inseguridad jurídica y malestar ciudadano si no se convocan elecciones de forma inmediata y se descarta una Declaración Unilateral de Independencia.

"A la marcha de empresas, se han unido la creciente fractura social y la posibilidad, real e inmediata, de un profundo deterioro del autogobierno (…) parece lógico y sensato conocer, con la precisión y rigor de un proceso electoral, el mapa de preferencias de la sociedad catalana", dijo el Círculo en una nota en su web.

EL GOVERN NO DUDA DEL RESPALDO DE LOS FUNCIONARIOS

El Ejecutivo independentista catalán reiteró el lunes que el resultado del referéndum soberanista, declarado inconstitucional por la justicia, les daba el mandato de declarar la independencia y añadió que no dudaba de la lealtad de los funcionarios hacia las "instituciones legítimas".

"No es que vayamos a desobedecer (órdenes). No es una decisión personal. Es una decisión de siete millones de personas", dijo el consejero de Exteriores catalán, Raül Romeva, a la emisora de la BBC dejando claro que el desacato comenzará por el propio gobierno.

La formación anticapitalista catalana CUP llamó el lunes a la desobediencia civil masiva y varios centenares de municipios de Cataluña dijeron también que desafiarían el control de Madrid.

Agrupaciones de profesores y bomberos también dijeron que no reconocerían la autoridad del Gobierno español.

"No reconoceremos como interlocutores válidos a aquellos que no son representantes de la legitimidad popular", dijo el sindicato de profesores USTEC en un comunicado.

"Estaremos donde debemos estar en este momento: con las instituciones catalanas y con la democracia que lucha por su supervivencia", añadió.

Sáenz de Santamaría reiteró el lunes que despedirán a los cargos públicos que no cumplan órdenes, pero no está claro qué planes tiene si los funcionarios de menor rango deciden no seguir sus instrucciones, habiendo descartado que se fueran a producir arrestos.

ACCIONES JUDICIALES

La crisis, que ha llevado a que más de 1.300 empresas hayan trasladado su sede social fuera de Cataluña, ha planteado temores de que pueda extenderse a otros países de la Unión Europea, que el lunes mostró de nuevo su apoyo al Gobierno conservador de Madrid.

Frente a unas medidas que dejarían en manos de Madrid las consejerías regionales, la coalición independentista que gobierna en Cataluña pidió que la mesa de la cámara estudie activar la vía "administrativa, civil y penal".

En caso de que las medidas entren en vigor, será de manera "gradual" y "progresiva", pudiéndose establecer un "mando único" para la región, según la vicepresidenta, que rechazó la posibilidad de que Puigdemont se resista a abandonar su cargo tras la aplicación del 155.

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