MADRID (Reuters) – El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, negó el martes que España fuera a solicitar un rescate a Bruselas de forma inminente y envió un mensaje de compromiso unánime de las administraciones públicas con la reducción del déficit, al término de una cumbre con todos los líderes regionales del país.
Después de que varias fuentes comunitarias dijeran a Reuters el lunes que España podría solicitar de nuevo ayuda a sus socios europeos tan pronto como este fin de semana, Rajoy respondió con un tajante "no" a la pregunta de si el rescate era inminente.
"Si hay alguna agencia o alguien que dice que este fin de semana vamos a pedir el rescate, como dicen ellos, hay dos posibilidades: que esa agencia tenga razón y mejor información que yo, lo cual es muy posible, o que no sea así, lo cual a lo mejor también es posible", ironizó.
Rajoy hizo estas declaraciones tras una cumbre con los presidentes de las 17 Comunidades Autónomas españolas en la que se acordó por unanimidad el cumplimiento de los objetivos de consolidación presupuestaria, fijados por Bruselas en un déficit para el conjunto de las administraciones del 6,3 por ciento del PIB en 2012 y en el 4,5 por ciento en 2013.
Con este acuerdo suscrito por todos los presidentes, el líder del Partido Popular logró salir de la cumbre con un mensaje de compromiso unánime con la consolidación fiscal, aunque las quejas de varias comunidades, gobernadas tanto por el PP como por partidos de la oposición, estuvieron a punto de desbaratar esa imagen de unidad.
"Aquí había personas de partidos políticos diferentes y había personas que podían tener intereses contradictorios aunque fueran del mismo partido. No era fácil llegar a un entendimiento, pero creo que hoy España da un buen mensaje, hay puntos de encuentro en temas muy importantes", declaró Rajoy.
"Es un momento difícil y España tiene que actuar conjuntamente para salir de la crisis", añadió.
REDISTRIBUCIÓN DEL DÉFICIT
Todos los presidentes autonómicos habían exigido durante la reunión, que se alargó durante más de siete horas, una redistribución "más justa" del objetivo de déficit entre el Estado central y las comunidades, después de que Bruselas diera al país un año más para cumplir la senda de consolidación fiscal.
Finalmente, lo que lograron fue el compromiso del Gobierno de que los criterios de reparto de las cifras de déficit entre las administraciones públicas se abordarán a partir del año que viene en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Rajoy especificó sin embargo posteriormente que esto no significaba que fueran a hacerse cambios en los objetivos del próximo año – 0,7 por ciento para las CCAA y 3,8 por ciento para el Estado central – y que cualquier modificación sólo se aplicaría a partir de 2014.
En el rechazo de las regiones a la decisión del Ejecutivo central de no compartir el margen dado por Bruselas en la senda de consolidación fiscal habían participado también las 11 gobernadas por el Partido Popular, según reconoció el Gobierno.
Las comunidades, responsables de más de una tercera parte del gasto total del Estado, gestionan servicios como la sanidad y la educación, socialmente muy sensibles a cualquier recorte, y están sufriendo para cumplir con sus ambiciosas metas de déficit.
Los líderes regionales parecieron acatar sin embargo este aplazamiento del debate del reparto del déficit y optaron por salir con un mensaje común de compromiso con las metas establecidas por los socios europeos, obviando las evidentes tensiones financieras en aras del acuerdo.
Con el debate también abierto sobre la necesidad de modificar la financiación autonómica, las cuestiones económicas eclipsaron las tensiones territoriales generadas por la deriva independentista de Cataluña, cuyo presidente, Artur Mas, fue el único que decidió no comparecer en el Senado tras la cumbre regional.
El Gobierno catalán ya había señalado que este no era el foro para expresar las aspiraciones soberanistas de Cataluña, y Rajoy dijo que Mas había limitado su intervención a hablar sobre la situación económica, tal y como estaba previsto en el orden del día.
Además de un mensaje de respaldo a una mayor integración europea en el ámbito bancario, fiscal y político, la declaración suscrita por todos los presidentes autonómicos también incluyó un apoyo a políticas que permitan aumentar la competitividad de la economía y asegurar la financiación de las políticas sociales y de los servicios públicos.
