WASHINGTON (Reuters) – El presidente Donald Trump firmó el lunes un decreto revisado una prohibición de viajes pero dejó a Irak fuera de la lista de países cuyos ciudadanos no pueden ingresar a Estados Unidos, después que su primer intento fuera bloqueado en los tribunales, dijeron responsables gubernamentales.
El nuevo decreto mantendrá la prohibición de viaje a Estados Unidos por 90 días a ciudadanos de seis naciones de mayoría musulmana: Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.
La portavoz de la Casa Blanca Sarah Huckabee Sanders dijo más temprano el lunes que el decreto entraría en vigor el 16 de marzo. La nueva directiva retrasa la implementación para limitar el caos que se produjo tras la orden original.
Trump sostiene que una orden como esta es necesaria para asegurar la seguridad doméstica. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo el lunes a periodistas que "como la amenaza a nuestra seguridad evoluciona y cambia, el sentido común indica que reevaluemos de forma constante el sistema que usaremos para protegerlo".
Irak quedó fuera de la lista frente al decreto original, emitido el 27 de enero, porque Bagdad impuso nuevos procedimientos, como una investigación de antecedentes más estricta e intercambio de información, y debido a su trabajo con Washington en la lucha contra Estado Islámico, dijo una fuente.
Miles de iraquíes lucharon junto a los soldados estadounidenses por años o trabajaron como intérpretes desde la invasión en 2003. Muchos iraquíes se fueron a vivir a Estados Unidos tras ser amenazados por su trabajo con sus tropas.
Un responsable de la Casa Blanda destacó que el decreto asegura que decenas de miles de personas que tienen la residencia definitiva en Estados Unidos y son originarios de los países que aparecen en la lista, no se verán afectados.
Hubo decenas de demandas en cortes estadounidenses contra el veto migratorio original. La acción que presentó el estado de Washington ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito logró que se suspendiera con el argumento de que violaba las protecciones constitucionales contra la discriminación religiosa.
