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31 de Agosto de 2012

Quitas y reestructuraciones

Nos encontramos ante unas semanas que pueden ser vitales para nuestro país. Unas semanas en las que deberemos decidir si solicitamos un rescate financiero y, lo más importante, negociar las condiciones del mismo, así como de la intervención del BCE asociada.

Juan Abascal,
Economista del Estado. Experto financiero de Netvalue Forensic.


Casi 5 años después del inicio de la crisis, uno de sus principales causantes, la enorme acumulación de deuda privada, apenas ha mejorado, a diferencia de lo que ha pasado en otros países como EEUU.

En este sentido, hay que ser conscientes de que, en un contexto de fuerte desapalancamiento del sector privado, el déficit público va a ser inevitable durante bastantes años. Ahora bien, no todos los déficit públicos son iguales. Es necesario llevar a cabo una profunda revisión de nuestra administración que permita liberar gasto corriente que pueda destinarse a educación e I+D+i, que son las claves del crecimiento económico a largo plazo, así como a iniciativas para acelerar el proceso de reducción de la deuda privada, que es el principal lastre para la recuperación a día de hoy.

¿Cómo se puede reducir la deuda privada? Una forma evidente es a través del ahorro, que es lo que está haciendo ahora mismo el sector privado, con el consiguiente impacto negativo sobre las cuentas públicas y el crecimiento a corto y medio plazo. Se trata de algo inevitable y necesario, pero dado su negativo impacto sobre la situación económica, es necesario que se vea complementado por otros mecanismos.

Una alternativa es la inflación, al disminuir el valor real de la deuda. Sin embargo, no parece probable que el BCE acepte objetivos de inflación más altos.

Otra posibilidad es la venta de activos con los que obtener ingresos y pagar las deudas. El problema es que si se hace de forma desordenada puede generar caídas excesivas en el valor de los activos que se venden, lo que disminuye la capacidad de reducir la deuda. Por otro lado, también se corre el riesgo de que nuestras empresas se vean forzadas a vender sus activos más valiosos a precios de rebajas.

Una última alternativa son las reestructuraciones y las quitas de deuda. En EEUU el proceso de desapalancamiento está más avanzado que en España fundamentalmente por la posibilidad que tienen los hogares de entregar la vivienda al banco a cambio de cancelar la hipoteca y por el uso habitual que las empresas hacen del proceso de bancarrota.

La acción del sector público puede incentivar este proceso de desapalancamiento privado, vía quitas y reestructuraciones. Por ejemplo, copiando el exitoso modelo que puso en marcha EEUU tras la Gran Depresión de 1929 con la creación de la Corporación de Préstamos a Propietarios de Viviendas (HOLC) o el Gobierno sueco tras la crisis de principios de los 90.

Se trataría de aprovechar la creación del banco malo, así como el dinero del rescate, para que éste adquiera, no sólo crédito promotor, sino también parte de las hipotecas problemáticas, así como préstamos a empresas (es donde se concentra la mayor parte de la deuda privada) y proceda a su reestructuración, incluyendo quitas si es necesario.

Obviamente, este proceso traerá necesidades de recapitalización de las entidades financieras, ya que las adquisiciones de estos préstamos no pueden realizarse al valor en libros. Necesidades que deberán cubrirse, hasta donde sea posible, con aportaciones de los acreedores privados de las entidades financieras, salvo sus depositantes. Es decir, los bonistas. Nadie entendería pedir más sacrificios a la sociedad española, sin antes exigir alguno a los inversores nacionales y extranjeros de nuestras entidades crediticias.

Un ejemplo concreto. En España hay 650.000 millones en créditos hipotecarios a hogares. Si se estableciera un periodo de carencia de 10 años para el 25% del principal, sin que el cliente tenga que pagar intereses en estos 10 años sobre esa proporción del principal, se reduciría el valor presente de la deuda, se incrementaría la renta disponible para el consumo (mayor recaudación fiscal) y disminuiría la posibilidad de ejecuciones hipotecarias.

Asumiendo que esta medida podría beneficiar a un tercio de las hipotecas y unos tipos de interés del 3,5%, el coste anual de esta medida (el pago de los intereses por el aplazamiento) sería de alrededor de 1.895 millones. Para una familia que paga 800 euros al mes por su hipoteca, supondría rebajar la cuota mensual hasta los 600 euros durante los próximos años.

En definitiva, hay alternativas pero debemos tener muy claro que el principal problema de nuestra economía es la deuda privada y nada se ha hecho en estos años para resolverlo. Por eso todavía no se ve la luz al final del túnel. Pero el túnel tiene un final, sólo hace falta andar en la dirección adecuada.


Juan Abascal,
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