A pesar de que el uso del amianto está prohibido según las leyes españolas desde hace varias décadas, así como por la mayoría de las legislaciones de los países desarrollados, sin embargo, aún siguen apareciendo casos de obreros que han desarrollado graves enfermedades por su contacto con este material. Eso se debe a que los efectos de la aspiración del mineral tardan muchos años en manifestarse, lo que a veces complica tanto un diagnóstico rápido como las oportunas reclamaciones económicas.
Ventajas como material pero perjuicios para la salud
Si el empleo de este mineral fue tan extendido durante el primer tercio del siglo XX, ello se debió, fundamentalmente, a dos factores: por un lado, se trataba de un material barato, abundante y de fácil extracción; por el otro, tiene excelentes propiedades ignífugas -es muy resistente al fuego-, lo que le convertía en un elemento imprescindible para muchos sectores industriales.
Pero todos los beneficios que presentaba desde el punto de vista económico quedaron eclipsados por sus nocivos efectos para la salud: el cáncer de pulmón, el de la pleura y la asbestosis (que genera heridas y cicatrices en los pulmones) son los más destacables. Además, a pesar de la prohibición de su uso, todavía hay trabajadores que se ven expuestos al mineral, sobre todo cuando llevan a cabo labores de rehabilitación de edificios antiguos.
Afrontar una reclamación por una víctima del amianto: riesgos de que el proceso se alargue en demasía
Hoy en día es más sencillo que los médicos detecten la causa de las enfermedades relacionadas con los pulmones, ya que con los años han podido estudiarse los riesgos del amianto y los síntomas que presentaban pacientes expuestos a cantidades variables del mineral. Eso beneficia la labor de los abogados, pues pueden presentar al Juez pruebas más fiables en favor de sus defendidos.
Una vez precisado el origen de la dolencia, su abogado tendrá que analizar si el trabajador respiró en un ambiente cargado de amianto antes o después de la prohibición de su uso, para saber si se le puede exigir (o no) responsabilidad al empresario. Éste, llegado el caso, podría haber incurrido incluso en un delito contra la salud de los trabajadores (artículo 316 del Código Penal). Si así fuera, en el mismo procedimiento judicial penal podría exigirse también la responsabilidad civil propia de las secuelas que sufra el trabajador. De todas formas, todo dependerá de los plazos penales de prescripción de los delitos.
Si bien pueden intentarse acuerdos extrajudiciales, normalmente han sido los tribunales los que, tras la oportuna demanda, han sentenciado acerca del volumen de las indemnizaciones. Las reclamaciones a particulares, es decir, a los empresarios que emplearon a los trabajadores que ahora están enfermos, presentan un grave inconveniente, y es que muchas víctimas han fallecido antes de que recayera sentencia en el proceso del que eran parte.
Son muchos los ejemplos que pueden darse de indemnizaciones por estas enfermedades. En uno de los casos que han llegado a mi conocimiento, un antiguo trabajador de la construcción, que 30 años después desarrolló cáncer de pulmón, recibió una indemnización de 75.000€ de la empresa que le empleó en su día. El Juez de Primera Instancia consideró probado que habían comprado azulejos en cuya elaboración se había utilizado amianto, una vez que su utilización estaba prohibida.
