La Cara
Ainhoa Santander
Abogada de Gaona, Palacios y Rozados Abogados (firma asociada a Roca Junyent)
Entre las novedades legislativas que nos ha traído este naufragio sanitario, está el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado el pasado 15 de diciembre de 2020 por el Consejo de Ministros.
Su objetivo es claramente el de descongestionar el colapso judicial existente mediante la regulación de los diferentes MASC (Métodos Alternativos de Solución de Conflictos) y la imposición de una negociación previa a la vía judicial: la denominada “Mediación obligatoria mitigada”.
Han surgido opiniones dispares en cuanto al contenido de esta ley. Sin embargo, todos coincidimos en que es preocupante el crecimiento de la tasa de litigiosidad en España en los últimos años, una de las más altas de la Unión Europea. Pero el problema no se queda ahí, sino que se prevé un incremento descomunal para el año 2021 en adelante.
La Cruz
Juan Eladio García Barcina
Abogado de Sanz Lomana & Puras y Asociados (firma asociada a Roca Junyent)
En los últimos años, las sucesivas reformas legislativas acaecidas al albur del marco jurídico europeo, han posicionado a técnicas como la mediación en un plano preferencial en lo que a la resolución de conflictos se refiere. La intención de esta corriente no es otra que anticipar la resolución de las controversias que puedan surgir en las relaciones empresariales, en detrimento de su judicialización, con el pretexto de agilizar el propio sistema judicial, además de mantener las relaciones comerciales existentes entre las partes. No obstante, y a pesar de los ostensibles beneficios que esta práctica pueda repercutir tanto en los clientes como en el propio sistema judicial, debemos tener en consideración en qué posición sitúa a la abogacía esta técnica, aparentemente novedosa, así como si su implantación puede afectar en el desarrollo de la profesión.
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