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El Consejo de Ministros reactiva el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas tras más de diez años inactivo

EUROPA PRESS
  • Contempla el desarrollo de un Sello de Empresa Socialmente Responsable, competencia del Ministerio

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, aprueba la reactivación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), tras más de diez años de inactividad.

Como señala el Ministerio de Trabajo, el CERSE fue creado y regulado por el Real Decreto 221/2008. Sin embargo, añade que a lo largo de los últimos años se han producido una serie de circunstancias que aconsejan la modificación del Real Decreto, aprobado este martes, que recoge, entre otros aspectos, una disposición que habilita al Ministerio a desarrollar un Sello de Empresa Socialmente Responsable, competencia directa de Trabajo.

El Ministerio destaca que la necesidad de relanzar el CERSE surge tras más de una década de inactividad, en la que no solo han cambiado las empresas españolas, sino también las exigencias de la ciudadanía en materia de responsabilidad social empresarial (RSE), tanto a nivel nacional como internacional.

Reactivar este Consejo busca que la responsabilidad social deje de ser un eslogan y se convierta en una política de país, defiende el Ministerio de Trabajo, que considera fundamental actualizar el papel de este órgano colegiado interministerial, de carácter asesor y consultivo del Gobierno, encargado del impulso de las políticas de RSE y marco de referencia en esta materia en España, con vocación también europea.

De este modo, el objetivo es que el CERSE se convierta en el observatorio de la RSE en España, ofreciendo un espacio estable de colaboración entre empresas, sindicatos, administraciones públicas y otros actores. Un foro que no solo sirva para el debate, sino también para analizar la realidad empresarial, proponer mejoras concretas, evaluar estándares, impulsar acuerdos y hacer seguimiento de avances en derechos laborales, igualdad o sostenibilidad, garantizando que las buenas prácticas se generalicen.

En este sentido, el Ministerio destaca que un primer paso ya se ha dado con la actividad de la Comisión Internacional de personas expertas en Responsabilidad Social de las Empresas, creada en abril de 2025, orientada a analizar estrategias y planes de acción existentes. Estas iniciativas buscan alinear la acción pública con los principios de justicia social, transición ecológica y digital y democracia en el trabajo.

Objetivos y competencias

Entre las competencias más relevantes que asume el CERSE, el Ministerio de Trabajo destaca la determinación de las condiciones para el reconocimiento como empresa socialmente responsable, así como la elaboración de informes en materia de RSE y la realización de informes anuales basados en indicadores y estándares internacionales.

Asimismo, se prevé el fomento de políticas de igualdad en las empresas, la colaboración con organismos nacionales e internacionales, como el Consejo de Finanzas Sostenibles, y la implantación efectiva de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable.

También se contempla la creación de alianzas entre empresas e instituciones públicas y privadas, la promoción de la participación de las partes interesadas en planes de diligencia debida, el respeto a los Derechos Humanos y el compromiso medioambiental.

Entre otras funciones, el CERSE llevará a cabo el análisis de indicadores obligatorios y estándares voluntarios, con vistas a proponer mejoras, así como el seguimiento del grado de implantación de las políticas de RSE en las grandes empresas españolas, especialmente a través de la evaluación de sus informes anuales.

En las próximas semanas, el Ministerio ha avanzado que se presentará el trabajo de la citada comisión internacional de expertos, impulsada desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, que incluye más de 100 medidas en materia de responsabilidad social, centradas en el respeto de los derechos humanos, la igualdad y no discriminación, y la garantía del trabajo decente, entre otras.

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