Práctica Jurídica

Carlos Llorente, abogado experto en derecho marítimo y consultor de la Gertrude Ryan Foundation, habla sobre cómo está la profesión dentro de este sector...

"Catástrofes como la del Prestige han puesto de manifiesto la importancia del Derecho Marítimo y demostrado que todavía hay mucho por hacer en política...

La aprobación del RD 63/2008, de 25 de enero, por el que se regula el procedimiento para la imposición y revisión de sanciones disciplinarias en materia de dopaje desarrolla las previsiones de la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte en esta materia.

Uno de los problemas más relevantes que la práctica concursal está deparando en la actualidad, se incardina en el marco de la determinación de la masa pasiva del concurso, más exactamente, en la interpretación y alcance temporal que deba darse a la actuación inspectora en el reconocimiento y clasificación crediticia, (art. 92.1 in fine LC).

Se analiza la jurisprudencia en un arduo y controvertido problema como es determinar en materia de clasificación crediticia, si es posible en caso de impugnación fijar en sentencia una clasificación distinta a la mantenida por las partes.

Uno de los temas que ha suscitado controversia en el ámbito concursal es el relativo al reconocimiento y calificación que merece el crédito derivado del descuento de efectos comerciales, especialmente, el crédito bancario por los efectos descontados aún pendientes de vencimiento al tiempo de la declaración de concurso.

Han coincidido en el tiempo y en la preocupación y resolución de los problemas el Libro blanco sobre la integración de los mercados de crédito en la UE y la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero. El Libro blanco preconiza la aplicación de la rei sitae, pero España se encuentra en el buen camino hipotecario.

La Dirección General de los Registros y del Notariado en la resolución de 10 de diciembre de 2007 sostiene que no es necesaria la notificación al arrendatario cuando se adjudica en pago a tercero la finca arrendada pues el Art. 25 LAU solo exige la notificación en los supuestos de venta. El rigorismo literalista de la resolución y la limitación que se quiere imponer vía administrativa a la función calificadora de los registradores no parece muy conforme con el espíritu y finalidad de la norma "interpretada".

La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado ha consolidado la posibilidad de hasta tres valores diferentes en una escritura de declaración de obra nueva: el aproximadamente real, el fiscal y el asegurado, con el riesgo y la inseguridad que ello conlleva.