Práctica Jurídica

La Ley Concursal, a lo largo de todo su articulado, y ya desde la Exposición de Motivos, destaca la importancia de lograr el saneamiento de la sociedad en crisis y conseguir la continuidad de la misma como una de las finalidades primordiales del procedimiento concursal. Finalidad frente a la que se encuentra con igual o, probablemente, mayor importancia, la defensa de quienes resultan los grandes perjudicados en dichas situaciones, los acreedores. Por lo tanto, saneamiento y continuidad de la actividad empresarial sí, pero no a cualquier precio. Para ello, tanto la estructura del procedimiento, como las responsabilidades específicas que se contemplan en la Ley, dan a entender que el legislador pretende que se acuda al concurso cuando ello sea necesario, sin demoras o esperas que conviertan una situación transitoria en una irresoluble.

La autora comenta el reciente Informe de la Agencia Española de Protección de Datos referente a la aplicación de la legislación de protección de datos a empresarios individuales y "personas de contacto" tras la aprobación del nuevo Reglamento de desarrollo de la LOPD.

La STS 27-11-2007 plantea un futuro más que incierto para la salud jurídica de los consignatarios de buques españoles al considerarles en todo caso responsables de los daños a las mercancías transportadas en buques objeto de su consignación. La sentencia se equivoca tanto en su calificación jurídica de la realidad empresarial de este sector como en la propia interpretación de las normas vigentes aplicables a estos operadores. Y lo hace desde una perspectiva localista defensora de los intereses supuestamente más débiles, pero que está en contradicción con la propia naturaleza de las cosas y las exigencias inevitables de la globalización jurídica.

The 1st Amendment's guarantee of freedom of speech, preferred or odious, is being tested next month in a Federal District Court in one of the United States of America's most sensitive contexts: military sacrifice.

La fiducia sucesoria es la institución que permite entre los cónyuges y entre personas no casadas entre sí pero con descendencia común, la posibilidad de que uno de ellos encomiende al otro las facultades necesarias para disponer de los bienes de la herencia, una vez fallecido el testador, entre los hijos y descendientes comunes. La utilización de la fiducia sucesoria, regulada hoy por el Código Civil español, y ya conocida en los territorios forales o de derecho civil especial, tiene aún dificultades , tanto sustantivas como fiscales, para su utilización en el derecho español, no obstante sus indudables coincidencias con figuras como el trust anglosajón.

A partir de la supresión del Servicio Militar Obligatorio por la Ley Orgánica de Defensa Nacional 5/2005 de 17 de noviembre la necesidad de dar contenido al derecho y deber que los españoles tienen reconocido en el artículo 30 de la constitución de defender a España ha dado origen ha la figura del reservista como fórmula de asegurar la participación de todos los ciudadanos en la defensa nacional. Las leyes 8/2006 de 24 de abril de Tropa y Marinería y 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar regulan esta figura en sus tres modalidades de reservistas voluntarios, reservistas obligatorios y reservistas de especial disponibilidad.

A partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, los miembros de la Guardia Civil pierden su condición de militares, que sólo recuperarán excepcionalmente en los supuestos en los que pasen a depender del Ministro de Defensa en cumplimiento de misiones de carácter militar o queden integrados en unidades militares.

Con el fin de prevenir la eventual "contaminación" y garantizar la imparcialidad de los órganos judiciales militares, la Ley Orgánica 9/2003 de 15 de julio modificó la composición numérica de de los tribunales militares establecida en la Ley Orgánica de competencia y organización de la Jurisdicción militar (Ley Orgánica 4/1987 de 15 de julio). De este modo cuando se trate de celebrar juicio oral y dictar sentencia en procedimientos por delito y en los recursos en sus jurisdiccionales en materia disciplinaria la correspondiente Sala se constituye por el Auditor Presidente, un Vocal Togado y un Vocal Militar, en lugar de los cinco miembros que tradicionalmente la constituían, con el fin de que puedan ser distintos de los componentes de la Sala que haya adoptado resoluciones interlocutorias o previas en el mismo procedimiento.

El autor analiza si procede la inclusión del recargo ejecutivo reducido del 5%, que nace al iniciarse la vía ejecutiva, cuando el Estado opera  la compensación de oficio con otros créditos que el ente público deudor pueda tener contra él.