A propuesta de este órgano constitucional, se considerará más a la Fiscalía en las modernización de la Justicia.
Son numerosas las veces que ponemos de manifiesto en este portal las deficiencias materiales y organizativas de la Administración de Justicia, así como los avances hechos, y soluciones que se proponen desde unos y otros lugares; ya sea desde el punto de vista organizativo, legislativo; o tecnológico. En este sentido, el Defensor del Pueblo también tiene cosas que decir. Concretamente, en el Plan de Actuación del Consejo General del Poder Judicial con la Fiscalía General del Estado; en el seno del cual, el Presidente del CGPJ ha tomado en cuenta sus aportaciones.
Hace un tiempo, el Defensor del Pueblo comenzó, de oficio, ante el Consejo General del Poder Judicial, un proceso informativo que de algún modo había provocado una denuncia hecha ante aquél por parte de una serie de perjudicados por lo que, consideraban, era mal funcionamiento de la Administración de Justicia. El suceso que había sido puesto en conocimiento del Defensor del Pueblo había llevado a la muerte de tres personas durante la tramitación de las diligencias penales incoadas por un delito de violencia de género.
En su respuesta, el CGPJ aportaba un documento que informaba de las acciones que el Servicio de Inspección del Consejo había efectuado para clarificar los hechos, concluyendo que no apreciaban disfunción que se pudiera imputar al juez. De todos modos, en el texto se hacían una serie de puntualizaciones que reflejaban males endémicos de la Administración de Justicia, que afectan a la totalidad los órganos judiciales; y una de manera más intensa a los del orden penal: falta de medios materiales, exceso de carga de trabajo, personal insuficiente, excesiva movilidad de la plantilla, deficiente formación del personal interino, falta de instrumentos informáticos, e inconexión entre órganos -juzgados entre sí, y órganos policiales.
Posteriormente, el Defensor del Pueblo supo que el Consejo General del Poder Judicial, a iniciativa de un grupo de vocales, iba a emprender un Plan de Actuación Inmediata para la Mejora del Servicio Público de la Justicia para afrontar los problemas más urgentes; y que se coordinaría con el Ministerio de Justicia y los Vocales Territoriales de las Comunidades Autónomas. El Defensor del Pueblo se ha unido a esta iniciativa, a cuyas consideraciones ha sugerido que se incluya la situación institucional y procesal del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta su condición de autoridad judicial, idea que, posteriormente y por parte de la Presidencia del CGPJ, se ha unido al Plan.
