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10/02/2025. 18:13:59
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Una corte internacional anticorrupción: ¿realidad o quimera?

Directora Ejecutiva de FIBGAR (Fundación Internacional Baltasar Garzón)

Pese a los progresos alcanzados a nivel global en la persecución de la corrupción, este fenómeno continúa siendo constante en todo el mundo. El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción, divulgado por Transparencia Internacional, revela que únicamente 28 de los 180 países evaluados han mejorado sus niveles de corrupción en los últimos doce años, mientras que 34 países han sufrido un deterioro significativo.

Sin embargo, la corrupción tiene muchas facetas. Una de estas está representada por la gran corrupción o “corrupción a gran escala”, que se distingue de la corrupción común no solo por su magnitud, sino también por su efecto y su naturaleza.  Si bien aún no existe una definición ampliamente aceptada, la gran corrupción suele identificarse como aquellos actos cometidos en los niveles superiores del gobierno, que implican la distorsión de políticas o de funciones fundamentales del Estado y que permiten a los líderes obtener beneficios en detrimento del bienestar general.

Se trata de un problema global, facilitado por contextos de impunidad. Al implicar dinero y activos líquidos, los casos de corrupción a gran escala casi nunca se limitan al territorio de un solo Estado, y, en consecuencia, adquieren una dimensión internacional, como demuestran los casos de los «Papeles de Panamá» y los «Papeles de Pandora».

Por consiguiente, combatirla supone enormes desafíos vinculados a las fuertes implicaciones políticas, así como a la falta de recursos y de estructuras adecuadas, en particular en aquellos países que no gozan de un Estado de derecho sano, donde el nexo corrupción-impunidad se autoperpetúa. Es decir, la riqueza y el poder obtenidos mediante la corrupción pueden utilizarse para comprar impunidad, y esa impunidad permite una mayor acumulación corrupta de riqueza y poder.

Existe un consenso generalizado en que la gran corrupción y los flujos financieros ilícitos relacionados son una forma de delincuencia internacional que, debido a su naturaleza, que implica estructuras que con frecuencia cruzan numerosas fronteras, no pueden combatirse únicamente con medidas nacionales.

Una de las soluciones propuestas para combatir esta forma de corrupción, y que está ganando fuerza últimamente, es la creación de órgano judicial ad hoc, basado en el modelo de la Corte Penal Internacional (CPI).

Un Tribunal Internacional Anticorrupción llenaría el vacío crucial en materia de aplicación de la ley en el marco internacional de lucha contra la gran corrupción. Constituiría un foro justo y eficaz para el enjuiciamiento y castigo de los cleptócratas y sus colaboradores; disuadiría a otros tentados de emular su ejemplo; y recuperaría, repatriaría y reutilizaría las ganancias mal habidas para las víctimas de la gran corrupción.

Al igual que la CPI, tendría jurisdicción extraterritorial sobre delitos de corrupción cometidos por funcionarios de alto nivel, incluidos los jefes de Estado y de Gobierno, cualquier persona que designen y otros funcionarios públicos, así como a cualquier persona que, a sabiendas e intencionalment,e ayude a uno o más de ellos en la comisión de un crimen dentro de la jurisdicción de la Corte. Para que sea competente, algunos o todos los componentes del delito deberían ser perpetrados por nacionales de un Estado miembro o en el territorio de dicho Estado miembro.

Actuaría según el principio de «complementariedad», lo que significa que sería un tribunal de último recurso, que sólo tendría jurisdicción en aquellos casos en un Estado carezca de la capacidad jurídica o procesal para enjuiciar a un autor concreto o existan obstáculos políticos para ello.

El ámbito de competencia incluiría los delitos contenidos en la la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) . De esta forma, el Tribunal tendría la autoridad para hacer cumplir las leyes requeridas por la Convención, particularmente aquellas que penalizan el soborno, la malversación de fondos públicos, la apropiación indebida de propiedad pública, el lavado de dinero y la obstrucción de la justicia. Se trata de una elección pragmática, ya que la CNUCC cuenta con 190 Estados parte y, por tanto, todos estos delitos no sólo son conocidos por prácticamente todos los Estados del mundo, sino que ya son objeto de obligaciones específicas por parte de dichos Estados para incluirlos en sus respectivas legislaciones penales nacionales.

Se estima que la creacion de este nuevo organismo benefciaria el combate contra la corrupción de diferentes formas. No solo proporcionaría un foro adecuado, e incentivaría la cooperación internacional, sino que permitiría recuperar, repatriar y/o reutilizar activos robados en beneficio de las víctimas de gran corrupción a través de órdenes de restitución o desembolso, y posiblemente demandas civiles. De esta forma, disuadiría la comisión de estos delitos, y, además, podría incentivar la adopción de reformas de los sistemas de justicia nacionales que harían más factibles los procesamientos y las condenas por corrupción a gran escala.

En el transcurso de una década, la propuesta originalmente presentada por el juez estadounidense Mark Wolf, se ha trasformado en una campaña que está siendo promovida enérgicamente por una coalición internacional de profesionales de la justicia, ONGs, personas defensoras de los derechos humanos y organizaciones aliadas.

Publicada por primera vez en junio de 2021, la Declaración en apoyo de la creación de la Corte ha sido firmada por 270 líderes mundiales de 80 países, incluidos más de 40 expresidentes y primeros ministros y más de 30 premios Nobel. Igualmente, varios Estados, entre ellos, Canadá, Ecuador, Moldavia, los Países Bajos y Nigeria, la República Democrática del Congo, Gambia, Ruanda, Reino Unido, han declarado que, en principio, apoyarían la idea. Por último, en abril de 2024, 32 premios Nobel respaldaron la iniciativa, destacando la urgente necesidad de herramientas innovadoras contra la corrupción.

En este momento de gran desconfianza en las instituciones supranacionales, la creación de un Tribunal Internacional Anticorrupción podría inspirar un renovado interés para presionar en la toma de otras medidas para acabar con la impunidad.

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