
La Ley Concursal ( Ley 22/2003 de 9 de julio [RCL 2003, 1748] ) supuso un hito en la regulación de las insolvencias en España, instaurando un nuevo sistema aplicable a personas naturales y jurídicas y modernizando unas instituciones que llevaban vigentes más de 100 años, durante los cuales la normativa de quiebras y suspensiones de pagos se había mantenido incólume.
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