Práctica Jurídica

En esta sentencia, el Tribunal Constitucional ("TC") establece que la interpretación realizada por los tribunales ordinarios del artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores ("ET"), en el sentido de exigir, para calificar de nulo el despido, que el empresario tuviera conocimiento del embarazo de la trabajadora, vulnera el artículo 24.1 de la Constitución Española ("CE"), en relación con el artículo 14 CE.

Después de varios años desde que la sentencia de unificación de doctrina del Tribunal Supremo ("STS") de 24 de octubre de 2001 estableciese, entre otras cuestiones relevantes en materia de "opciones sobre acciones" o "stock options", la naturaleza salarial de tales stock options susceptible de valoración a efectos de cuantificar la indemnización por despido, finalmente la STS de 3 de junio de 2008 ha unificado doctrina en cuanto al modo de llevar a cabo tal valoración para el cálculo de la indemnización por despido.

Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2007 y de 29 de mayo de 2008. Marta Navarro, abogada de Uría Menéndez

La reciente sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2008 establece, por primera vez, que las demandas por acoso moral en el trabajo han de dirigirse no sólo contra el empresario sino también contra el supuesto sujeto responsable de la conducta acosadora siendo necesaria la presencia de éste último para que la relación jurídica-procesal esté correctamente constituida.

Es al trabajador a quien corresponde determinar la concreción horaria de la reducción de jornada por guarda legal, pero el empleador puede manifestar su...

La creación del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas da pie para interrogarse sobre el carácter voluntario o imperativo de esta nueva forma de responsabilidad.

La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia, de 14 de febrero de 2008, ha declarado contraria a la libre circulación de capitales la D.A. 27ª de la Ley 55/1999, por otorgar al Gobierno español un derecho de limitar los derechos de voto de empresas públicas europeas. El papel que pueden desempeñar los Estados como accionistas de sociedades en el sector energético centra la discusión.