MADRID (Reuters) – El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó el lunes al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por la celebración en Cataluña de una consulta no vinculante sobre la independencia el 9 de noviembre de 2014 pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
"Condenamos al acusado Artur Mas como autor penalmente responsable de un delito de desobediencia cometido por autoridad o funcionario público (…) (a) inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos (…) por tiempo de dos años", dijo el tribunal en su sentencia.
El fallo, recurrible ante el Supremo, representa un capítulo más en la judicialización de un asunto que el Gobierno catalán considera político y que ha elevado las tensiones entre la Generalitat y el Gobierno central de Mariano Rajoy, que ha descartado rotundamente cualquier referéndum de autodeterminación.
La condena supone un revés temporal para la carrera política de Mas, que, pese a apartarse el año pasado de la primera línea para favorecer la formación del Gobierno en Cataluña, nunca ha abandonado sus aspiraciones políticas en la región.
Mas fue sustituido por Carles Puigdemont al frente de la Generalitat, quien prepara la convocatoria para septiembre de un nuevo referéndum que aseguran esta vez sí será vinculante y supondrá la ruptura con España si vuelve a ganar el "sí" a la independencia como en 2014.
ABSUELTOS DE PREVARICACIÓN
Al igual que a Mas, condenado por desobediencia pero absuelto del delito de prevaricación administrativa, el TSJC también inhabilitó durante un año y nueve meses a la entonces vicepresidenta catalana Joana Ortega y a un año y seis meses a la exconsejera de Educación Irene Rigau.
El tribunal considera probado que los tres políticos siguieron adelante con la organización de la consulta pese a que el Constitucional había anulado días antes la convocatoria ordenando detener los procedimientos de la administración catalana en ese sentido.
El 9-N y sus posteriores implicaciones judiciales empeoraron las relaciones entre Madrid y Barcelona en pleno auge soberanista en Cataluña, que representa alrededor del 20 por ciento del PIB español.
Durante el juicio, al que acudió arropado por miles de personas, Mas alegó que él no convocó a la ciudadanía, sino que dejó en manos de voluntarios la organización de la consulta.
La condena se conoce en un momento en el que la justicia está investigando la presunta financiación ilegal de Convergència bajo el liderazgo de Mas, que ha acusado al Gobierno del Partido Popular de "montar una operación Cataluña" para desprestigiar a los líderes soberanistas.
