TEGUCIGALPA (Reuters) – Soldados hondureños y policías antidisturbios rodeaban el miércoles la embajada brasileña en la capital de Honduras, donde está refugiado el presidente Manuel Zelaya, en lo que amenaza con convertirse en un largo pulso que puede profundizar la crisis del país.
Cientos de efectivos de seguridad, algunos encapuchados y otros con armas automáticas, cercaban una gran área alrededor del edificio de la embajada en Tegucigalpa en la que Zelaya se ha refugiado con su familia y un grupo de unos 40 simpatizantes.
Zelaya entró el lunes en Honduras en secreto, poniendo fin a casi tres meses de exilio tras ser derrocado en un golpe de Estado el 28 de junio y concitando otra vez la atención del mundo hacia su causa.
El Gobierno de Brasil dijo que garantizará su protección dentro de la embajada y pidió al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que discutiera la peor crisis política en Centroamérica en décadas.
Policías y militares dispersaron con gases lacrimógenos, cañones de agua y una antena que emitía un sonido ensordecedor a los manifestantes congregados frente a la embajada brasileña, que se defendieron con piedras en unos enfrentamientos que dejaron decenas de heridos y detenidos.
El presidente de facto, Roberto Micheletti, dijo que Zelaya puede quedarse en la embajada "unos 5 ó 10 años, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que viva allí", dando señales de que se está preparando para un largo conflicto.
Varios testigos dijeron que el martes cortaron la electricidad y el agua en la embajada, pero que se permitió la entrada de alimentos.
Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han instado al diálogo para reinstalar a Zelaya en el poder en el país centroamericano.
El Gobierno de facto hondureño se ha negado a suavizar su posición contra el intento de Zelaya de retomar el poder.
"Zelaya nunca volverá a ser presidente de este país", dijo Micheletti en una entrevista con Reuters.
Más tarde, dijo estar dispuesto a hablar con Zelaya si reconoce la legitimidad de los próximos comicios presidenciales del 29 de noviembre, pero aclaró que en las negociaciones no estaría en discusión su restitución y que las órdenes de arresto seguirían vigentes.
Zelaya no respondió a la oferta de diálogo, pero dijo en entrevista con un medio local que está abierto a conversar, al tiempo que volvió a denunciar intentos de asesinarlo por parte del Gobierno de facto.
"Si yo estoy aquí ¿qué cuesta sentarse en una mesa de diálogo?", dijo Zelaya, pero dudó de que las intenciones de negociar de Micheletti sean reales.
Los líderes del golpe, respaldados por las fuerzas armadas, la Corte Suprema y el Congreso, insisten en que Zelaya debe ir a juicio por violar la constitución y han dicho que Brasil debe entregarlo a las autoridades hondureñas u otorgarle asilo político fuera del país.
Un toque de queda, que virtualmente ha paralizado la capital, se extendió al miércoles y provocó el cierre de aeropuertos, escuelas y comercios.
La policía dijo que varios grupos trataron de saquear negocios el martes por la noche aprovechando la soledad de las calles, pues muchas personas se refugiaban en sus casas temerosas de ser detenidas por violar el toque de queda.
Zelaya fue expulsado del país el 28 de junio por soldados a punta de pistola hacia Costa Rica cuando pretendía realizar una consulta popular que abriera el camino a la reelección presidencial, algo considerado por sus críticos una muestra de la influencia en Honduras del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
El mandatario depuesto ha negado las acusaciones y dice que no tenía intención de permanecer en el poder más allá del final de su mandato, en enero de 2010.
