MADRID (Reuters) – La oposición y los sindicatos redoblaron el martes su ofensiva para incrementar el poder adquisitivo de los 9 millones de pensionistas españoles, con una serie de iniciativas en el Parlamento y la justicia para incrementar las pensiones con la inflación, metiendo presión al Gobierno en minoría del Partido Popular.
Estas mociones se suman a las nuevas movilizaciones callejeras en defensa de las pensiones públicas convocadas por los sindicatos para los próximos 1 y 15 de marzo, después del éxito de las marchas de jubilados celebradas la semana pasada en varias ciudades españolas.
Tras acusar al Gobierno de Mariano Rajoy de hurtar al Parlamento su capacidad legislativa, el sindicato UGT anunció el martes que recurriría ante la Audiencia Nacional el real decreto del Gobierno de subida de las pensiones un 0,25 por ciento para 2018.
"UGT considera que el Ejecutivo teme al Parlamento y por eso le quita su capacidad que en materia de pensiones le otorga la ley, la doctrina constitucional y el propio Consejo de Estado", dijo la secretaria de políticas sociales de UGT, Mari Carmen Barrera.
Desde el Congreso, el PSOE y PDeCat catalán también se unieron a las presiones sobre un tema electoralmente muy sensible y presentaron sendas proposiciones de Ley para garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC, de forma que para este año suban un 1,6 por ciento, equivalente a la inflación prevista.
El Gobierno del PP desvinculó la subida de las pensiones de la inflación en 2013 para recortar el gasto en el deficitario sistema y compensar una creciente esperanza de vida y la próxima entrada en la jubilación de la generación del ‘baby-boom'.
La reforma, aprobada cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta, impide que las pensiones se incrementen más de un 0,25 por ciento cada año si la Seguridad Social está en déficit, lo que, según previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, condena a la práctica congelación de las pensiones hasta principios de la próxima década.
El secretario de política económica y empleo del PSOE, Manuel Escudero, dijo que garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas sería posible con la creación de dos impuestos extraordinarios, sobre los beneficios de la banca y a las transacciones financieras, y que mientras tanto se deberían cargar a la imposición general.
Desde el PP, se acusó de "oportunismo" al PSOE por "calentar este debate cuando fueron los que, cuando gobernaban, congelaron las pensiones. "Tengamos cuidado a la hora de extender cheques en blanco que sean cheques sin fondo y esto, al final, nos lleve a hacer demagogia", dijo el lunes la vicesecretaria del PP, Andrea Levy
En medio de una gran fragmentación en el Congreso y sin que el debate sobre las pensiones se haya mantenido al margen de la pugna política, la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ha sido incapaz de elaborar un informe sobre una nueva reforma que refuerce la viabilidad del sistema ante los retos demográficos y económicos futuros.
Después de que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, tratara a principios de año de retomar la iniciativa del Gobierno en este tema planteando que los trabajadores puedan elegir que se tenga en cuenta toda su vida laboral para el cálculo de la pensión, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hizo el martes un guiño a los jubilados prometiendo incentivos fiscales para los más mayores.
Montoro dijo que la iniciativa consistiría en una deducción en cuota del impuesto sobre la renta para reconocer los "costes inherentes de discapacidad" cuando las personas alcanzan una edad "muy avanzada" y que esta medida se incluiría en los presupuestos de 2018, aún sin garantía de aprobación.
