El Gobierno aprueba una completa revisión del sistema de tasas judiciales en segunda instancia. La recaudación financiará la justicia gratuita. El Consejo General de la Abogacía Española ha enviado una carta de queja al Ministerio de Justicia
El Ejecutivo ha aprobado un Anteproyecto de Ley por el que se revisan las tasas judiciales vigentes desde 2002 y reguladas por la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. En la Ley de reforma de determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto nacional de toxicología y Ciencias Forenses también se introducen dos mejoras en la gestión: procuradores y abogados podrán facilitar el pago y se establecerá la posibilidad de revisar la liquidación de la tasa durante la tramitación del procedimiento judicial.
El objetivo de esta iniciativa es evitar cierta litigiosidad considerada inútil o desde luego excesiva que satura actualmente los juzgados. Las tasas abonadas por los ciudadanos que sí tienen recursos económicos no irán a parar a las arcas del Estado sino que, tal y como ya avanzó el ministro de Justicia, estarán destinadas a sufragar la justicia gratuita. Según una estimación realizada a partir de los últimos datos registrados, 172 millones de euros recaudados en 2010, con el nuevo sistema la cuantía ascendería a cerca de 300 millones.
Esta significativa subida no implica merma al derecho a la tutela judicial efectiva, ya que se ha tenido en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional según la que el cobro de una tasa en el acceso a la Justicia corresponde al principio del pago del coste del servicio prestado por la Administración de Justicia, y aún con el aumento, la tasa no supera dicho coste.
Las tasas ya existentes desde primera instancia en el Orden Civil y en el Contencioso Administrativo se aplicarán también en lo Social, pero sólo en segunda instancia. Como es obvio, quedarán exentos de pago aquellos a los que se les reconozca la asistencia gratuita.
¿Cómo quedarán las tasas?
CIVIL
| Actual | Nuevo | Incremento | |
|---|---|---|---|
| Verbal y Cambiario | 90 euros | 150 euros | 60 euros |
| Ordinario | 150 euros | 300 euros | 150 euros |
| Monitorio y Monitorio Europeo y demanda incidental en el proceso concursal | 50 euros | 100 euros | 50 euros |
| Ejecución extrajudicial | 150 euros | 200 euros | 50 euros |
| Concurso necesario | 150 euros | 200 euros | 50 euros |
| Apelación | 300 euros | 800 euros | 500 euros |
| Casación y de infracción procesal | 600 euros | 1200 euros | 600 euros |
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
| Actual | Nuevo | Incremento | |
|---|---|---|---|
| Abreviado | 120 euros | 200 euros | 80 euros |
| Ordinario | 210 euros | 350 euros | 140 euros |
| Apelación | 300 euros | 800 euros | 500 euros |
| Casación | 600 euros | 1200 euros | 600 euros |
SOCIAL
| Actual | Nuevo | Incremento | |
|---|---|---|---|
| Ordinario y demás modalidades procesales | 0 euros | 0 euros | 0 euros |
| Monitorio | 0 euros | 0 euros | 0 euros |
| Suplicación | 0 euros | 500 euros | 500 euros |
| Casación | 0 euros | 750 euros | 750 euros |
El CGAE manifiesta su "enérgico rechazo" a la revisión de tasas judiciales
El Consejo General de la Abogacía, a través de una carta remitida por su presidente, Carlos Carnicer, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha manifestado su rechazo "enérgico" al Anteproyecto de revisión de las tasas judiciales, aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, que se destinarán "a sufragar los gastos de la Justicia Gratuita". El malestar de la Abogacía proviene, no solo "por no habérsenos dado traslado del citado Anteproyecto, a pesar de tus constantes declaraciones de que se tendría en cuenta, en todo momento, el parecer de la Abogacía, sino sobre todo por las declaraciones realizadas desde el Ministerio para justificar la norma".
Para la Abogacía, "no es admisible incorporar en nuestro Estado de Derecho una balanza en la que se coloque en un platillo el derecho fundamental a la Defensa y en el otro el pago de una tasa. El derecho a la Defensa, fundamental y de relevancia constitucional, resulta imprescindible para la pervivencia del Estado de Derecho y las tasas no pueden oponerse como recurso necesario para pagar a los abogados que prestan el servicio de Justicia Gratuita. Esto es enfrentar a los ciudadanos con la Abogacía de forma injusta".
Además, el presidente del CGAE expresa en la carta al ministro que "se introduce un criterio peligroso sobre el coste social de la Justicia Gratuita, el último recurso para hacer valer sus derechos fundamentales de quienes no tienen, en muchos casos, ni trabajo, ni medios, ni esperanza".
