- La reforma costará 5.169 millones en el año pico (2031) y CyL representa el 1,9% del total, con 102 millones
La ley que reduce las ratios escolares, aprobada hace un mes por el Gobierno y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados, tendría un coste presupuestario neto medio de al menos 2.818 millones al año en la próxima década 2027-2036, con un acumulado de 28.184 millones.
Así lo revela el estudio ‘La nueva ley de ratios escolares: estimando su impacto económico’, publicado este martes por EsadeEcPol, que presenta la estimación del coste de la reforma «bajo un escenario deliberadamente conservador».
De este modo, concluye que, incluso suponiendo que todas las administraciones educativas aplican la ampliación del 10% del número máximo de alumnos por aula recogida en la Ley de Educación, el esfuerzo presupuestario neto medio anual en la próxima década, una vez descontado el dividendo demográfico, asciende a 2.818 millones, con un acumulado de 28.184 millones, lo que corresponde en el año pico al equivalente del 13,8% del gasto público español en Primaria y ESO.
La nueva ley aprobada por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes establece con carácter general un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en Educación Secundaria Obligatoria (frente a los 30 actuales). En cuanto al profesorado, el documento contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en ESO, Bachillerato y FP.
El estudio explica que aquellos centros educativos que tengan una ratio por encima de los nuevos umbrales «tendrán que abrir nuevas aulas en los cursos que correspondan». La apertura de nuevos grupos «generará un incremento del gasto» al tener que contratar nuevos docentes y construir estas nuevas aulas. Este gasto adicional es lo que los investigadores denominan ‘coste real’, es decir, lo que varios centros tendrán que gastar de más como consecuencia de la reforma.
Un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria
En el año pico de la reforma (2031), es decir, cuando la reforma esté implementada en su totalidad en Primaria y en la ESO, el coste real será de 6.549 millones de euros y el dividendo demográfico de 1.380 millones (ahorro que se produce al liberar plantilla por la disminución natural del número de alumnos), por lo que el coste presupuestario neto será de al menos 5.169 millones.
Andalucía, Cataluña y Madrid concentran el 63 por ciento del coste nacional y en el caso de Castilla y León se estima en 102 millones, el 1,9 por ciento del total y décimo puesto en el ranking.
Asimismo, el informe desvela que la reforma destinará más recursos a centros donde el porcentaje de alumnado es de mayor nivel socioeconómico.
Los centros con mayor porcentaje de alumnos de mayor nivel socioeconómico concentrarán el 31 por ciento del gasto de la administración, frente al 22 por ciento de los de menor nivel socioeconómico. Esto se debe, según el estudio, a que las aulas que rebasan el nuevo tope están más concentradas en zonas urbanas con mayor demanda y, por tanto, con perfiles socioeconómicos más altos.
La investigación recalca que la evidencia académica «más completa y reciente» indica que reducir la ratio «no tiene efectos significativos agregados sobre el aprendizaje del alumnado, la tasa de repetición o el bienestar con la escuela, compañeros de clase».
En cambio, sí muestra efectos medibles pero heterogéneos sobre el bienestar de familias y profesorado. Concretamente, reducir la ratio mejora la satisfacción del profesorado con su trabajo, pero el efecto «es modesto».
Expresada en términos de subida salarial equivalente, esa ganancia de bienestar quedaría por debajo del incremento retributivo que el mismo presupuesto financiaría si se destinara directamente a los salarios del profesorado (6 por ciento frente a 21 por ciento).
«Esta política, por tanto, presenta un coste muy elevado por los efectos que puede producir según la evidencia recopilada», asegura el estudio.
En línea con los resultados obtenidos, este Policy Brief recomienda acotar el despliegue universal de la medida únicamente a los centros de alta complejidad y riesgo educativo, donde la evidencia sugiere efectos algo mayores y, más en general, donde las inversiones educativas tienen mayor impacto según la evidencia. «Esta aplicación deberá realizarse con pilotaje y evaluación constante de sus efectos, además de producirse análogamente con políticas complementarias que amplifiquen sus efectos», precisa.
También apuesta por redirigir parte del esfuerzo presupuestario hacia políticas con evidencia más robusta de impacto, como tutorías intensivas tipo PROA+, complementos salariales a docentes por destino en centros de alta complejidad, y un MIR educativo.
Por último, insta a aprovechar la ventana demográfica que se abre estos próximos diez años no como margen presupuestario dedicado únicamente a la reducción universal de ratios, sino como palanca para invertir donde la evidencia indica que el retorno educativo es mayor, es decir, especialmente en alumnado de menor nivel socioeconómico.
