Práctica Jurídica

Empieza a no ser infrecuente el que se critique a los Jueces bajo cuyo conocimiento se encuentran temas de actualidad. En España hemos conocido en los últimos meses más de uno: el ácido bórico en los atentados del 11-M, las agresiones a Bono en una manifestación, la OPA de Endesa, las elecciones del Real Madrid. ¿Puede un Juez defender su honor? ¿Afecta éste a su independencia judicial?

La doctrina sentada en la STC de los Albertos introduce una interpretación desafortunada del derecho a la tutela judicial efectiva que genera cuando menos dos inconsistencias jurídicas: la primera, una postura sobre la prescripción de los delitos que favorece la impunidad y, correlativamente, una ficticia consecuencia de presunción de inocencia que puede dar lugar a una especie de “efecto boomerang” ante el propio TC; la segunda, un paradójico deseo de los potenciales delincuentes de que la justicia sea tardía para ganar la prescripción de los delitos.

La STC de los Albertos genera inseguridad jurídica y una irrazonable interpretación de la tutela judicial efectiva claramente contradictoria con la jurisprudencia europea y con el propio modus operandi de la jurisdicción constitucional. Por ello, existen serios motivos para articular una doble reacción jurídica frente a ella: en el caso de las víctimas directas, la presentación de una demanda ante el TEDH; y, en el supuesto de potenciales perjudicados (supuestos similares en estado de litispendencia), la invocación de la jurisprudencia del Pleno del TC sobre la materia anterior a 2005 con apoyo a su vez en la jurisprudencia del TEDH.

Si bien existe un principio de libertad de gestión que prohibe al fisco francés inmiscuirse en el funcionamiento de una empresa y, concretamente, rechazar la deducibilidad de un gasto que minora su renta imponible, la noción de acto anormal de gestión le permite calificar de anormalidad de gestión los gastos efectuados para eludir el pago del impuesto.

Con el reciente Real Decreto 12/2008 se completa el régimen jurídico de la Red de Parques Nacionales. La nueva norma asigna nuevas funciones al Consejo de la Red, regula su funcionamiento y precisa su composición, concretando la representación de las diversas asociaciones presentes en el Consejo como forma de participación pública en la Red de Parques Nacionales.

El objetivo del Plan es articular la conexión entre la contratación pública y la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente, para lo cual se establecen una serie de medidas y se fijan objetivos concretos en algunos sectores de la contratación pública como los de construcción y mantenimiento, transporte, energía, equipos de oficina, papel/publicacones, mobiliario, limpieza, y eventos. 

El nuevo Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos aporta con su refundición mayor claridad al marco regulador y prescribe con mayor rotundidad las obligaciones derivadas de las últimas modificaciones legales impuestas por la legislación europea, como las relativas a la participación de las personas interesadas o a la necesidad de hacer pública no sólo la declaración de impacto ambiental, sino además la decisión final sobre la autorización o aprobación del proyecto.

El 1 de marzo de 2008 ha entrado en vigor para España el Convenio Europeo del Paisaje que obliga a reconocer jurídicamente a los paisajes como elemento fundamental del entorno humano, a integrar el paisaje en las políticas territoriales y urbanísticas y en otras que puedan tener impacto sobre el paisaje, y a definir y aplicar políticas de protección, gestión y ordenación del paisaje, mediante la sensibilización, la educación y la formación, la identificación y calificación de los paisajes y el establecimiento de objetivos de calidad paisajística.

El grave problema del fraude fiscal en las operaciones intracomunitarias lleva a la Comisión Europea a proponer un régimen generalizado de inversión de sujeto pasivo que no sólo altera de manera fundamental los esquemas aplicativos del IVA sino que comporta sus propios problemas.