Luis Miguel González Gago, (Valladolid, 1964), es Licenciado en Derecho, Diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica, y ha realizado los Cursos de Doctorado en Derecho Administrativo y Derecho Internacional Público, todo ello por la Universidad de Valladolid. En el plano profesional, pertenece por oposición al Cuerpo de Letrados de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León desde 1990, y ha desarrollado su labor profesional ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos y ante los Juzgados y Tribunales de dicha provincia, pasando posteriormente a ocupar el puesto de Letrado-Jefe de la entonces Consejería de Presidencia y Administración Territorial.
Especializado en el campo del Derecho Administrativo general y autonómico, particularmente en Función Pública y Administración Local, en la legislatura 1999-2003 ocupó el cargo de Director General de Calidad de los Servicios, pasando a desarrollar en la legislatura 2003-2007 el puesto de Director General de Administración Territorial, y en la legislatura 2007-2011 el cargo de Secretario General de la entonces Consejería de Interior y Justicia de la Junta de Castilla y León.
En la legislatura 2011-2015 fue nombrado Director de Ordenación del Territorio y Administración Local de la Consejería de la Presidencia, puesto en el que continuó en la legislatura 2015-2019. En las Elecciones Autonómicas de 2019 resultó elegido Procurador en las Cortes de Castilla y León por Valladolid, siendo nombrado de forma inmediata director de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, puesto que ocupa en la actualidad.
Usted lleva ejerciendo ya varias décadas en distintos puestos de la Administración. ¿Obedece esta trayectoria a una vocación de servicio público?
Exactamente, aportar mi grano de arena para mejorar la calidad de vida de las personas a través de la mejora de los servicios públicos es muy gratificante. Tal vocación nació, dentro de las variantes que permitía mi formación jurídica, primero con la oposición como Letrado de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, y continuó después con diversos puestos de responsabilidad política, todos ellos siempre muy vinculados con el mundo del derecho, donde creo que puedo ser más útil.
¿Cómo es una jornada de trabajo en los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León?
Pues muy intensa, sobre todo en esta época increíble que nos ha tocado vivir por la COVID-19. Por las mañanas hay que coordinar a todos los Servicios Jurídicos de las diversas Consejerías y de las diferentes Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León en cada una de las nueve provincias de Castilla y León –es la Comunidad más extensa de España-, dirigir a mis compañeros Letrados en la Dirección, y asistir a multitud de reuniones de programación de la acción política de los diferentes Departamentos para su asesoramiento jurídico, y por las tardes dedicarse a redactar y firmar diversa documentación, al análisis de las resoluciones judiciales recaídas en el día y al estudio de temas jurídicos de actualidad para estar permanentemente al día.
¿La pandemia ha sido un freno para la Administración pública o ha provocado un impulso a la transformación digital?
Creo que freno no ha existido. Las Administraciones Públicas en general, a pesar de las dificultades inherentes a una pandemia de esta magnitud, han respondido magníficamente, y se ha demostrado la profesionalidad de los empleados públicos, que muchas veces se las han ingeniado como han podido para poder sacar adelante su trabajo en unas condiciones para las que las Administraciones no estaban preparadas. Y es ahí donde, como señala, se ha notado la importancia de las nuevas tecnologías, que han sido nuestras grandes aliadas para poder seguir prestando los servicios públicos, tanto a través de los clásicos internet, correo electrónico, wasap y teléfono móvil, como mediante el impulso del nuevo teletrabajo directo en línea que ha estado a la altura gracias a los Servicios de Informática Corporativa.
La Revista Jurídica de Castilla y León analiza los retos ante la COVID-19 de la mano de reconocidas figuras del panorama jurídico nacional. ¿Cuáles son, a su juicio, esos desafíos?
El Consejo de Dirección y Asesor de la Revista Jurídica de Castilla y León ha participado muy activamente en la configuración de este monográfico que hemos editado sobre la COVID-19, siendo conscientes de la multitud de materias y temas susceptibles de ser tratados. Opino que el propio número refleja, en la selección efectuada, los principales desafíos jurídicos que se nos van a presentar en las próximas fechas, como es la amplitud y corrección de nuestro derecho de excepción regulado en una Ley Orgánica de 1981, la suficiencia de la legislación ordinaria sanitaria para afrontar catástrofes seguramente inimaginables, las responsabilidades por actuaciones sanitarias o en centros sociales, las nuevas relaciones laborales que surgen con la potenciación del trabajo online, o la suficiencia organizativa de nuestra Administración de Justicia para soportan la problemática judicial que se está produciendo.
El último año no todo ha sido la pandemia de la COVID-19. ¿Qué resaltaría como especial en Castilla y León desde el punto del punto de vista jurídico?
Han existido muchas circunstancias especialmente significativas, porque el mundo del derecho es muy vivo y está en constante evolución, pero por centrarme en dos, debido a su trascendencia nacional, significaría las Sentencias del Tribunal Constitucional de fechas 29 de octubre y 30 de octubre de 2020 en relación al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo y la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso del TSJ de CyL contra la Ley de Caza de Castilla y León, respectivamente, que confirmaron su constitucionalidad, y la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de abril de 2021 que estimó la pretensión de esta Administración sobre la devolución de una mensualidad del IVA del año 2017 que el Estado había dejado de abonar a la Comunidad Autónoma.
¿Qué le piden a la tecnología para poder convertirse en una aliada de la Administración?
No me cabe ninguna duda que las nuevas tecnologías han sido esenciales en la modernización y agilización del funcionamiento de la Administración, estando “el papel” en vías de extinción. El éxito de las nuevas tecnologías en la Administración, tanto para su promoción entre los empleados públicos como para su uso por los ciudadanos, pasa a mi juicio por tres premisas, que sean comprensibles, intuitivas y fáciles de usar, que sean adaptables, no rígidas ni impositivas, y que sean asequibles a las economías modestas. En todo caso, siendo la tecnología positiva, entiendo que en el futuro inmediato debemos compaginarla con la presencialidad, ya que el trato personal y la inmediación nunca deberían perderse porque la Administración necesita tener una cara y un alma de referencia hacia el ciudadano.
¿Qué retos se marca para su andadura en la dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León?
Estando consolidada la organización y prestigio de los Servicios Jurídicos autonómicos, me gustaría, por un lado, dotar a la Dirección de una mayor amplitud de funcionamiento, más allá de la emisión de informes preceptivos o de la defensa de los intereses de la Administración Autonómica ante los Juzgados y Tribunales, promoviendo un asesoramiento preventivo y orientador previo que evite conflictos posteriores, lo que conllevará relacionarnos más con los diferentes órganos gestores e implicarnos más en su correcto funcionamiento desde el punto de vista jurídico, y por otro lado, incrementar la proyección y divulgación de la importante labor que cumplen con profesionalidad los Letrados de la Junta de Castilla y León hacia el exterior y la sociedad castellano y leonesa.
