Para eludir la declaración de impacto ambiental los promotores de un
macroparque eólico de 366 aerogeneradores dividieron el proyecto en 13
miniparques. En los parajes donde se proyectaba el parque habitaban
especies protegidas como el urogallo. La Administración aprobó el
proyecto.
La práctica fué denuniada por la Sociedad Española de Ornitología
(SEO-Birdlife) y a la asociación Urz solicitando que se primase la
necesidad de conservar los valores ecológicos sobre los macroproyectos
industriales.
La resolución estima que "no puede ignorarse que la evaluación de
impacto ambiental, además de ser un trámite de cumplimiento obligado en
proyectos como el de autos, es una técnica transversal que condiciona
la práctica totalidad de la actuación posterior, por lo que su nulidad
conlleva la de la autorización impugnada".
