Tras haberse aprobado en el mes de febrero en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones, el Pleno del Senado aprobará mañana el texto, trámite que permitirá su entrada en vigor tras la preceptiva publicación. El espíritu de la norma es aportar unidad al mercado, sustrayendo competencias a entidades inferiores al Estado, universalizar los servicios, ampliar los derechos de los consumidores y clientes de las compañías y dotar de estabilidad jurídica a la inversión en redes.
La Ley que sustituirá a la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones viene a dotar de uniformidad el mercado de telecomunicaciones en España y aumentar los derechos de los consumidores. Comparte filosofía con la Ley de unidad de mercado, esto es licencia única y legislación de origen; restricciones al sometimiento de autorizaciones y requisitos prohibidos; cooperación administrativa, y procedimiento ágil de resolución de conflictos.
Los puntos fundamentales de nueva Ley General de Comunicaciones son éstos:
- Recuperación de la unidad de mercado; un sector que ya no solo compite a nivel europeo sino que es un sector, el de las telecomunicaciones, que compite a nivel mundial.
- Supresión de los trámites para el despliegue de redes por las operadoras, a través de la supresión de los distintos trámites por parte de las distintas administraciones públicas.
- Disminución de las cargas administrativas que tienen los operadores.
- simplificación de las obligaciones de información por parte de los operadores.
- eliminación de la licencia o autorización administrativa o sustitució por un régimen de declaración responsable.
Respecto a la gestión y a la planificación del espectro radioeléctrico, se eliminan determinados títulos habilitantes para su uso y se limita también la duración de las concesiones, se precisan más las condiciones bajo las cuales las administraciones públicas pueden instalar redes y se concreta el reparto competencial entre el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Además, se refuerza la garantía de derechos de los usuarios, sobre todo respecto a la protección de datos de carácter personal frenando el llamado spam telefónico.