Telefónica, Banco Santander, BBVA, Repsol, Endesa, OHL, Sacyr, Gas Natural, Iberdrola, ACS,… son algunas de las más de 400 compañías españolas con intereses en esta región. España es el segundo país inversor en Latinoamérica, por detrás de Estados Unidos, con importantes inversiones en los sectores de energía, telecomunicaciones, distribución de agua y electricidad, servicios financieros y construcción.
Según la ponencia del Senado Estudio sobre el papel de las empresas españolas en América Latina, sólo ocho de estas compañías concentran el 80% de la inversión. Por su parte, la gran concentración que tienen algunas empresas españolas en sectores clave en ciertos países, lo que provoca casos de rechazo por parte de la ciudadanía local que se deben, en parte, a la creencia de que algunos gobiernos han concedido condiciones demasiado favorables a las compañías trasnacionales para establecerse en su territorio.
Por otro lado, es interesante observar el correlato entre seguridad jurídica -condición básica para el progreso de las inversiones extranjeras- y la seguridad ciudadana, que recoge el informe Latin Security Index, elaborado por FTI Consulting. Este informe apunta a Haití, Venezuela y Honduras como los tres países latinoamericanos más riesgosos. En este sentido, Frank Holder, director de Iberoamérica de FTI Consulting, apunta que "la inseguridad pública continúa siendo una de la principales preocupaciones de los ciudadanos en prácticamente todos los países de la región" y que ésta actúa como un "inhibidor del crecimiento económico en detrimento de la calidad de vida general".
El caso de Venezuela es un ejemplo de esta afirmación. Tras haber sido un destino tradicionalmente atractivo para la inversión española, actualmente es uno de los países que presenta más riesgos, debido al aumento de la inseguridad jurídica causada por expropiaciones compulsivas, cuestionamientos a la independencia del poder judicial y constantes cambios regulatorios ante problemas financieros. A esto hay que sumar el aumento de la delincuencia, delitos violentos y secuestros extorsivos, factores que disuaden a muchos directivos de radicarse allí.
En la otra cara de la moneda encontramos que en los países que se toman medidas para reducir la inseguridad ciudadana son aquellos que también escalan puestos en el ranking de fiabilidad como destino inversor. Es el caso de Chile, Brasil, Uruguay Colombia, Panamá y Perú.
América Latina ha sido y continuará siendo un mercado natural para la inversión española, y será la ecuación de costo-beneficio la que determinará la viabilidad de este mercado. Por nuestra experiencia, aunque los procesos de internacionalización presentan riesgos inherentes al destino elegido para invertir, éstos pueden mitigarse logrando que las empresas estén mejor posicionadas ante las situaciones adversas. Por todo ello, lo recomendable es:
- Realizar un seguimiento periódico de la situación política, regulatoria, económica y social, para el cual es muy útil analizar la prensa local, que suele reflejar bien estos aspectos.
- Conocer en profundidad a nuestros socios locales, mediante análisis de su situación financiera, legal y reputacional: un due dilligence puede ahorrar futuros conflictos internos o daños a la imagen de una empresa.
- Realizar diagnósticos de seguridad de las oficinas y principales ejecutivos. Se trata de estudios que presentan una radiografía de los riesgos de seguridad a los que se expone una empresa, sus operaciones, su información crítica y sus recursos humanos. Cada uno de estos riesgos debe ser abordado con medidas específicas y teniendo en cuenta la cultura local.
- Implementar un plan de crisis que asegure la continuidad o menor disrupción posible de las operaciones de la empresa ante situaciones de contingencia. Este plan debe incluir aspectos de seguridad, protección de personal e información sensible, y una estructura de comunicaciones.
En definitiva, la clave de cualquier inversión en el extranjero es, por un lado, disponer de toda la información estratégica necesaria para la acción (toma de decisiones); y por el otro, implantar los sistemas de control necesarios que nos ayuden a garantizar la transparencia de nuestro negocio.
