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08/02/2023. 05:54:21

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La pérdida de derechos de las víctimas de accidentes en estos últimos años es alarmante

Presidente de ANAVA-RC

A punto de concluir este año 2022, es buen momento para hacer balance  de lo que ha sido este ejercicio. Un año complicado para las víctimas de accidentes. Después de seis años de la creación de esta asociación sigue siendo prioritario defender a este colectivo y proteger sus derechos.

Tal y como explico en la web de ANAVA-RC  la   necesidad de la creación de una asociación como ANAVA-RC surge en el año 2015 tras la modificación del Código Penal en el que  se suprime el procedimiento del Juicio de Faltas.

En aquel momento era  el más utilizado por las víctimas de accidentes para materializar sus reclamaciones por daños y perjuicios derivados de accidentes de circulación, y la implantación del nuevo baremo mediante la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, dos reformas en las que el Lobby del sector asegurador salió muy beneficiado en perjuicio de los derechos de los perjudicados por accidentes de circulación.

En este contexto era necesario crear una asociación de abogados especializados en responsabilidad civil y seguro que ejerciera un contrapeso a las aseguradoras del ramo del automóvil, que con sus grandes medios económicos y personales conseguían, reforma tras reforma, salir beneficiados orillando los derechos de las víctimas.

ANAVA-RC está compuesta por cerca de 250 despachos de abogados especializados en responsabilidad civil que han ayudado a impulsar decenas de iniciativas en defensa de los derechos de las víctimas de accidentes y los abogados que las defendemos.

Este contexto la convierte actualmente la asociación de referencia a nivel nacional compuesta solamente por abogados de victimas tanto de accidentes de circulación como otro tipo de perjudicados por responsabilidad civil y consumidores.

Un año reivindicativo

Sobre este balance del 2022, es evidente que este año ha sido muy intenso en nuestras reivindicaciones. Comenzamos consiguiendo un desmentido del Gobierno en su intento de tributación de las indemnizaciones percibidas por las víctimas como resarcimiento por los daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil y que el Gobierno escondió en una disposición adicional de una ley que nada tenía que ver con la hacienda pública

Otra cuestión que reivindicamos fue una actualización económica de las indemnizaciones correspondientes al año 2022 conforme al incremento real del índice de pensiones, por encima de las previsiones iniciales de UNESPA y de la Dirección General de Seguros.

Hemos insistido en la denuncia de la gradual pérdida de nivel adquisitivo de las indemnizaciones que solo se puede solucionar modificando el art 49 del baremo y que las mismas sean actualizadas conforme al I.P.C. real y no por el índice de revalorización de las pensiones como está estipulado actualmente.

Al mismo tiempo seguimos denunciado la gradual perdida del Derecho Fundamental a la salud y la integridad física y a recibir un correcto tratamiento médico y asistencial en el marco del Convenio de Asistencia sanitaria donde el sector asegurador esta arrinconando a las asociaciones de clínicas y hospitales privados consiguiendo que muchos lesionados se queden sin tratamiento médico tras sufrir lesiones en un accidente de tráfico.

De forma paralela hemos continuado exigiendo la actualización de las desfasadas bases técnicas actuariales contempladas en el baremo, enviando cartas a las ministras de justicia, sanidad, y economía y hacienda y dirigiendo misivas a la Dirección General de Seguros, Fiscalía de Seguridad Vial, Dirección General de Tráfico y otros organismos intervinientes en las tomas de decisiones de nuestro ámbito de actualidad.

Respecto a la problemática de la gestión de las indemnizaciones de tráfico y su posible tributación por IRPF hay que recordar que tras nuestra denuncia y la alarma social que se creó al respecto al explicar que las indemnizaciones nos son incrementos de patrimonio si no una restitución de un perjuicio previo, conseguimos que la Ministra del ramo y la portavoz del Gobierno desmintieran que fuera la intención del ejecutivo hacer que las indemnizaciones tributaran

Sin embargo, la Ley donde las introducía sigue con su trámite por lo que seguimos muy atentos para comprobar que cumplen con su palabra.

Recientemente recuerda que con casi un año de retraso se han actualizado las bases técnicas, pero lamentablemente este retraso no va a conseguir que los grandes lesionados recuperen sus derechos.

Además, estamos estudiando el texto de la actualización recién publicada pues estamos viendo que algunas actualizaciones incluso pueden perjudicar económicamente a algunos perjudicados.

El poder de las aseguradoras

En la actualidad la relación existente entre abogados de victimas y el sector asegurador es correcta desde el respeto.  Ambas partes legítimamente tenemos el derecho de defender nuestras respectivas posturas

De todas formas, somos conscientes que competimos en clara desigualdad, pues el sector asegurador tiene un poder económico y, por tanto, de influencia mediática y política que nunca va a tener una asociación como la nuestra.

Sin embargo, las víctimas se sienten desprotegidas. En un gran número de procedimiento los Jueces y Tribunales no aplican o no comprenden el principio “in dubio pro damnato”, y utilizan tanto el baremo como la prueba presentada para demostrar los perjuicios de las víctimas como excusa para no indemnizar, cuando debería ser todo lo contrario.

Es decir, actualmente en caso de duda se entiende que el daño no se ha producido cuando la duda debería favorecer al perjudicado frente a la aseguradora.

Al mismo tiempo, con el actual baremo indemnizatorio de accidentes las víctimas de esos siniestros no reciben la compensación que merecen.

El baremo proclama el principio de restitución íntegra pero al mismo momento lo limita evidentemente las víctimas nunca pueden recibir las compensaciones que se merecen.

Desde ANAVA-RC se pide la reforma del actual baremo incluyendo mejoras donde participen en términos de igualdad el sector asegurador, las víctimas y los abogados de éstas.

Por lo pronto la Comisión de Expertos del baremo el año pasado publicaron un informe razonado donde se plantearon una buena cantidad de reformar, 50 de ellas incluyo consensuadas con el sector asegurador, y ninguna de ellas, lamentablemente, se han introducido en la norma.

Mucha burocracia para las víctimas

En nuestra opinión, el camino estas víctimas para la reclamación de sus derechos es tortuoso, caro, y lleno de trabas, sin que exista una consciencia en la Administración del Estado y de Justicia que deben de ser especialmente protegidos en vez de complicarles la labor de reclamación de sus derechos.

Nosotros les recomendaríamos evidentemente que se asesoren por  un abogado experto en responsabilidad civil y seguro, y si es asociado en ANAVA-RC mejor, pues los despacho asociados tienen el respaldo de todos sus compañero asociados y de las herramientas que le facilita la asociación.

Al mismo tiempo estamos muy decepcionados con este Gobierno que presume de tener un marcado carácter social y tiene como objetivo la defensa de los más vulnerables.

En estos casi 4 años, a pesar de haber sido el partido que mas enmiendas presentó en el trámite previo de la aprobación del nuevo baremo del año 2015, en su acción de gobierno no ha aplicado las medidas o reformas que ellos mismos pregonaban en su día.

Respecto a este año 2023 electoral, parece claro que los partidos políticos deben contar con las víctimas. Muchas. Vamos a contactar con ellos para que nos ayuden a mejorar la situación de las víctimas de accidentes.

Es necesario, un estudio en profundidad de mejora del baremo con participación de todos los sectores afectados sin privilegiar al lobby asegurador como ha hecho hasta ahora, un incremento de las cuantías económicas del baremo, mejora de las vías de solución extrajudicial de las reclamaciones.

Junto a ello es necesario un régimen de costas procesales beneficiosa para las víctimas, un incremento de los intereses moratorios por el incumplimiento de las obligaciones del sector asegurador, una dirección general de seguros que sea un verdadero regulador con poder sancionador real, efectivo, transparente y efectivo, etc, etc.

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