Opinión

La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial, que entró en vigor, prácticamente en su totalidad, el pasado 4 de mayo, tiene como finalidad, en síntesis, según afirma su Preámbulo, «que los jueces y magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales que se acaban de señalar, y a ello tiende el nuevo modelo de Oficina Judicial». Dejando al margen la cuestión, ciertamente doctrinal, pero con una transcendencia esencial para el proceso, de qué se entiende por juzgar y hacer lo juzgado, es decir, qué es lo jurisdiccional en sentido estricto, una de las reformas más importantes que se ha producido en el libro IV de la LECiv es la relativa al proceso monitorio, puesto que en él el papel del secretario judicial ha pasado a ser esencial.

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