Las últimas semanas han sido frenéticas en la Unión Europea tras las disruptivas declaraciones de Trump sobre Ucrania, la amenaza fantasma de aranceles, la actual hostilidad de la Administración americana a la integración europea. Todo ello ha supuesto un golpe a la geopolítica económica y fiscal de los últimos años. La Unión Europea (UE) comienza a sentirse sola, lo que afecta a sus políticas fiscales, a las industriales y a la descarbonización.
No resulta novedoso poner sobre la mesa algunos problemas identificados que profundizan en la soledad de la UE: un coste energético 4 veces superior a los de sus competidores, que estrangula su competitividad; la productividad china, que inunda los mercados europeos y perjudica la exportación de la industria europea; y para finalizar, una dependencia de los combustibles fósiles de otros mercados como el estadounidense.
Mientras tanto, China se posiciona en las cadenas de valor europeas, imponiendo su tecnología “limpia” gracias a una política industrial muy coordinada, pero sin las mismas reglas del juego, ni en términos de descarbonización ni de apoyo estatal.
En esta situación Europa ha decidido hacer valer su estrategia fiscal industrial y resistir a las llamadas a la desregulación en un mundo en el que la competencia leal corre el riesgo de convertirse en una utopía. Los nuevos tres pilares europeos pretenden ser una especie de plan de negocio europeo acorde a la visión del informe Draghi y a la nueva coyuntura internacional. Establece que el futuro de la industria debe ser europeo y eso empieza por proteger y apoyar a sus empresas. Y es así, en este contexto, cuando han surgido esos tres importantes pilares de la estrategia fiscal europea: el Paquete ómnibus de simplificación fiscal, la Brújula de competitividad de la UE y el Pacto industrial limpio. Veamos en qué consisten y cuáles son sus fines desde el punto de vista fiscal.
El día 29 de enero, la Comisión Europea presentó el primero de los pilares: la denominada “Brújula de Competitividad» (Competitiveness Compass for the EU) para guiar la estrategia económica de la UE en torno a tres ejes fundamentales: simplificación normativa y reducción de cargas administrativas; impulso a la inversión en sectores clave para la competitividad; y, la aceleración de la transición hacia una economía sostenible y digital.
La Comisión Europea propone la creación de un marco legal armonizado para empresas innovadoras en toda la UE, lo que permitiría a las empresas emergentes y tecnológicas operar en todos los Estados Miembros bajo un conjunto unificado de normas, facilitando así su crecimiento y expansión en el mercado único; un mayor apoyo financiero a sectores estratégicos como la inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología y la industria espacial; e, incentivos fiscales y acceso a financiación para empresas que inviertan en investigación y desarrollo (I+D), con el objetivo de fortalecer la capacidad de innovación de la UE.
En línea con los compromisos climáticos de la UE, la Comisión subraya la importancia de alinear la fiscalidad con la transición ecológica, incentivando la inversión en tecnologías limpias. Entre las medidas de carácter fiscal se encuentran las reformas fiscales para favorecer la sostenibilidad, incluyendo ajustes en las reglas de depreciación y la creación de créditos fiscales para empresas que inviertan en energías renovables y eficiencia energética y una estrategia para reducir la dependencia de la UE en materias primas críticas, fomentando la producción y el reciclaje de minerales esenciales para la transición energética y digital.
Además, el informe destaca que la competitividad de la UE no solo depende de la reducción de cargas administrativas, sino también de la capacidad de atraer talento, fortalecer la educación y garantizar la estabilidad macroeconómica.
El día 26 de febrero, la Comisión Europea presentó su segundo pilar, el Paquete ómnibus de simplificación para impulsar la competitividad y la inversión, cuyo fin es reducir la burocracia, mejorar la competitividad y desbloquear inversiones en la Unión Europea. Estas medidas buscan crear un entorno más favorable para las empresas, permitiéndoles crecer, innovar y generar empleos de calidad, al tiempo que se alinean con los objetivos del Pacto Verde Europeo. Se destaca que la burocracia excesiva no solo representa un obstáculo para la inversión y el crecimiento, sino que también limita la capacidad de las empresas europeas para competir a nivel global.
Este paquete de reformas se enmarca en un esfuerzo más amplio de la Comisión para reducir en al menos un 25% la carga administrativa en la UE, con un enfoque aún mayor en las pequeñas y medianas empresas, para las cuales la reducción será del 35% antes del final del mandato actual.
Se estima que estas reformas generarán un ahorro de aproximadamente 6.300 millones de euros en costes administrativos; y, se esperan movilizar 50.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas para apoyar la transición ecológica y fortalecer la competitividad de las empresas europeas.
Las principales medidas de este paquete son: la simplificación de los informes de sostenibilidad, concentrando las obligaciones en aquellas con mayor impacto ambiental y social. Así, se reduce el alcance de la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad – CSRD, eliminando el requisito de informes de sostenibilidad para el 80% de las empresas actualmente incluidas en la Directiva de información sobre sostenibilidad corporativa, enfocándose solo en las más grandes; se aplaza hasta el año 2028 la obligación de informe para empresas que originalmente debían comenzar en 2026 o 2027; se reduce la burocracia en la Taxonomía de la UE; se permite que las empresas informen sobre actividades «parcialmente alineadas» con la Taxonomía de la UE, fomentando una transición gradual; se simplifica el principio «No causar daño significativo» (DNSH), ajustándose los requisitos para el control de sustancias químicas y contaminación, facilitando su cumplimiento en todos los sectores económicos; y, se introducen cambios en el indicador clave de inversión verde para bancos (Green Asset Ratio – GAR), que permitirá excluir del cálculo a empresas que queden fuera del nuevo alcance de la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad – CSRD (menos de 1.000 empleados y 50 millones de euros en facturación). Asimismo, la normativa sobre diligencia debida se simplifica para evitar costes innecesarios y reducir la carga sobre las empresas más pequeñas.
El Paquete ómnibus también simplifica el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) ya que quedarán exentas las empresas que importen menos de 50 toneladas anuales de bienes sujetos al CBAM, lo que elimina obligaciones para 90% de los importadores (principalmente PYMEs) sin comprometer los objetivos climáticos, ya que seguirá cubriendo el 99% de las emisiones relevantes. Además, se refuerzan las reglas contra la elusión del CBAM y se pretende su ampliación a más sectores del Régimen de Comercio de derechos de emisión en 2026, incluyendo bienes intermedios.
De nuevo, el día 26 de febrero de 2025, la Comisión Europea publicó su tercer pilar consistente en la Comunicación sobre un Pacto Industrial Limpio (EU Clean Industrial Deal), proporcionando una hoja de ruta conjunta para la competitividad y la descarbonización en la UE ante la turbulenta coyuntura internacional. Se trata de una iniciativa destinada a revitalizar la industria europea mediante la promoción de energía asequible y limpia. Este plan busca equilibrar los objetivos de descarbonización con la competitividad, especialmente frente a economías como Estados Unidos y China, que disfrutan de costes energéticos más bajos. Para ello incluye un nuevo marco de ayudas estatales para acelerar la transición energética y garantizar la capacidad de fabricación de tecnologías limpias.
El Pacto Industrial Limpio se estructura en seis pilares fundamentales: el acceso a energía asequible; el impulso a la oferta y demanda de tecnologías limpias a veces través de incentivos fiscales; el fortalecimiento de la financiación a nivel de la UE y el apalancamiento de inversiones privadas; el impulso a la economía circular, como la revisión de las normas sobre el régimen de bienes usados contenidas en la Directiva del IVA como parte de una iniciativa más amplia de IVA verde; el establecimiento de asociaciones comerciales y de inversión limpias y en refinar el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM); y, el desarrollo de habilidades y empleos de calidad para una transición justa y equitativa:
Desde el punto de vista de la imposición directa los aspectos más importantes son: (i) la publicación de recomendaciones para que los Estados miembros adopten incentivos fiscales para apoyar el Pacto Industrial Limpio, incluyendo periodos de depreciación más cortos para ciertos activos tecnológicos y el uso de créditos fiscales para empresas en sectores estratégicos para la transición ecológica; y, (ii) la propuesta de un nuevo Marco de Ayudas Estatales para la Industria Limpia, que se adoptaría en junio de 2025, basado en el Marco Temporal de Crisis y Transición actual, estableciendo condiciones para que los incentivos fiscales sean considerados compatibles con las normas de ayudas estatales de la UE.
Estas medidas se integrarán en las reglas de compatibilidad del nuevo Marco de Ayudas Estatales para la Industria Limpia y se complementarán con la eliminación gradual de subsidios a los combustibles fósiles. Las recomendaciones están programadas para el segundo trimestre de 2025. Para financiar estas iniciativas, se prevé la movilización de más de 100.000 millones de euros a corto plazo, destinados a apoyar la fabricación limpia en la UE. Las empresas en la UE deben llevar a cabo una labor de seguimiento de la forma en que los Estados miembros adoptan los incentivos fiscales propuestos dentro del marco de ayudas estatales. Varios países ya han modificado sus incentivos fiscales en respuesta a la implementación del Pilar Dos, mientras que otros están evaluando ajustes para mitigar el impacto en el tipo de gravamen efectivo de tributación según las reglas GloBE.
En resumen, desde el punto de vista fiscal, la UE busca equilibrar competitividad y sostenibilidad mediante incentivos fiscales, simplificación normativa, reducción de cargas administrativas y medidas que incentiven la inversión en sectores estratégicos. Sin embargo, su éxito dependerá de una implementación efectiva y del compromiso de los Estados miembros para mantener una competencia fiscal equitativa.
