El pasado periodo judicial del Tribunal Supremo de los EEUU dejó sentir una marcada impronta conservadora, fruto de los últimos nombramientos auspiciados por George W. Bush. No obstante, la situación de la actual mayoría derechista es precaria, un triunfo demócrata en 2008 podría cambiar el drásticamente el panorama a futuro.
El periodo 2006-2007 del Tribunal Supremo de EEUU será recordado por sus controversiales decisiones en temas de alta sensibilidad política. Las secuelas de los nombramientos auspiciados por la administración Bush han sido notorias, marcando cada vez más el paso por el sendero del conservadurismo.
La única excepción se produjo con la sentencia del caso Massachusetts v. Environmental Protection Agency. Los ambientalistas recibieron este fallo con beneplácito y la derecha criticó este dictamen como el ejemplo patente de un activismo judicial pernicioso.
El pasado periodo judicial también se ha caracterizado por la división de la sala. De suma importancia han sido los votos de Samuel Alito, el nuevo miembro y sucesor de Sandra Day O´Connor. También ha sido relevante la actuación del juez Anthony Kennedy, el nuevo swing voter del Tribunal, causando gran sorpresa su apoyo al ala progresista en la sentencia desfavorable a la Environmental Protection Agency. Por su parte, el presidente del Tribunal, John Roberts, se ha decantado monolíticamente por la vertiente derechista.
Ledbetter v. Goodyear causó gran revuelo entre los defensores de los derechos laborales de las mujeres. La sentencia giró en torno a la interpretación del título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, norma por la que se reconoce a las mujeres el derecho a reclamar judicialmente en caso de ser discriminadas con respecto a su remuneración salarial. En dicho caso, los magistrados de Washington aplicaron parámetros hermenéuticos muy restrictivos, fallando en contra la trabajadora.
El acceso a la justicia fue el eje del proceso Hein v. Freedom from Religion Foundation, Inc. La acción judicial que motivó la sentencia se refirió a la aplicación de la Primera Enmienda de la Constitución, que trata sobre la separación entre el Estado y las iglesias. La facción mayoritaria rechazó la impugnación presentada contra el programa administrado por la Office of Faith-Based and Community Initiatives, auspiciado por Bush, bajo la premisa de que los contribuyentes carecen del derecho a impugnar tales actividades. Para quienes consideran ilegítimo financiar proyectos religiosos con fondos públicos, esta sentencia obedeció a una interpretación restringida del case law del tribunal.
Como corolario de este agitado año, la decisión de Parents Involved in Community Schools v. Seattle School Dist. No. 1 provocó una auténtica tormenta en la opinión pública. La sentencia estableció que los institutos de enseñanza pública no han de basarse en el perfil racial de los estudiantes para aplicar medidas orientadas a la integración de las minorías étnicas. Este fallo, publicado justo el último día del ciclo judicial es, sin duda, un caso paradigmático que refleja el marcado enfrentamiento ideológico entre los magistrados supremos. En una feroz réplica, la disidencia sostuvo que la sentencia desvanecería el legado de la célebre decisión Brown v. Board of Education, que puso fin al odioso sistema de segregación racial en los institutos.
La impronta de los conservatives se ha afianzado bajo el liderazgo de John Roberts y los nombramientos respaldados por Bush. Entre ellos, reluce la estrella de conservadurismo judicial, Samuel Alito. La mayoría de los casos relevantes fueron decididos por una mínima ventaja, en donde el voto de un solo magistrado determinó el resultado. El balance ideológico del Tribunal es precario, sujeto a los cambios en la atmósfera política de Washington. Es poco probable que Bush alcnace a nominar un nuevo magistrado, las cosas podrían variar drásticamente si sale electo un demócrata. El magistrado John Paul Stevens supera los ochenta y cinco años de edad, y es posible que sea reemplazado en un futuro no muy lejano.
