Práctica Jurídica

Con la publicación del RD 185/2008, de 8 de febrero, se aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Antidopaje, entidad de nueva creación prevista tanto en la Disposición Adicional 3ª de la Ley 28/2006, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos, como en la Ley Orgánica 7/2006, de 21 de noviembre, de protección de la salud y lucha contra el dopaje en el deporte, con el objeto de asumir "la realización de las actividades materiales de prevención, de protección de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte, así como la ejecución e impulso de una política de investigación en materia de control del dopaje y de la protección de la salud del deportista".

La doctrina sentada en la STC de los Albertos introduce una interpretación desafortunada del derecho a la tutela judicial efectiva que genera cuando menos dos inconsistencias jurídicas: la primera, una postura sobre la prescripción de los delitos que favorece la impunidad y, correlativamente, una ficticia consecuencia de presunción de inocencia que puede dar lugar a una especie de “efecto boomerang” ante el propio TC; la segunda, un paradójico deseo de los potenciales delincuentes de que la justicia sea tardía para ganar la prescripción de los delitos.

La STC de los Albertos genera inseguridad jurídica y una irrazonable interpretación de la tutela judicial efectiva claramente contradictoria con la jurisprudencia europea y con el propio modus operandi de la jurisdicción constitucional. Por ello, existen serios motivos para articular una doble reacción jurídica frente a ella: en el caso de las víctimas directas, la presentación de una demanda ante el TEDH; y, en el supuesto de potenciales perjudicados (supuestos similares en estado de litispendencia), la invocación de la jurisprudencia del Pleno del TC sobre la materia anterior a 2005 con apoyo a su vez en la jurisprudencia del TEDH.

A pesar de algunas contradicciones en su literalidad, la Ley 57/1968 parece estar articulando medidas para garantizar al comprador de una vivienda, no sólo el inicio y terminación de las obras en la fecha pactada, sino también la entrega de la vivienda en plazo. La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, amplió esta protección a la construcción de toda clase de viviendas.

El pasado 1 de julio entró en vigor la nueva Ley del Suelo (Ley 8/2007, de 28 de mayo). Con ella se establece un marco jurídico con el que el Gobierno pretende dar respuesta a una situación que en el último barómetro del CIS, correspondiente al mes de diciembre, se perfilaba como uno de los principales problemas de los españoles: el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.

El Consejo de Ministros aprobó mediante Real Decreto 1371/2007, el Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB-HR) que completa el Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Ministerio de Vivienda en marzo de 2006. Su aplicación está pensada para poner fin a las molestias por ruidos generados tanto en el exterior como en el interior de las viviendas, molestias que actualmente padecen casi un tercio de los hogares españoles y que son causantes de patologías como el trastorno del sueño, pérdida de atención y rendimiento, o cambios de conducta

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de Modernización del Mercado Hipotecario y de Regulación del Régimen de las Hipotecas Inversas. El mercado hipotecario es uno de los segmentos del sistema financiero con mayor influencia en la estabilidad macroeconómica y financiera. De su funcionamiento depende la financiación de la vivienda.

La gestión de los Suelos Contaminados se ha regulado en España desde hace aproximadamente dos años. No obstante, a día de hoy continúa siendo una materia desconocida para muchos de los promotores que deciden la adquisición de un solar con intenciones de proceder a la realización de construcciones sobre los mismos, sin prever en muchos casos la existencia de suelos contaminados, el proceso de descontaminación y, en su caso, los costos que esa labor puede conllevar.

El pasado 19 de abril entró en vigor la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. Inicialmente diseñada para reducir los accidentes laborales en un sector tradicionalmente caracterizado por la alta siniestralidad laboral, no sólo extiende sus efectos al ámbito de las relaciones laborales, sino también al régimen de responsabilidad de los diferentes agentes que participan en el proceso de edificación.