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17 de Abril de 2019

La "mediatización" de casos jurídicos y la opinión pública sin base judicial no tienen nada que ver con la democracia

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No son pocos los casos mediáticos que saltan a la palestra informativa y que suponen un juicio paralelo de la propia opinión pública. Es cierto que en muchas ocasiones, esas retransmisiones de información, y ese nivel de detalle en los hechos, las opiniones, e incluso con entrevistas a los letrados de las partes, sí se basa en argumentos legales, y no ponen en entredicho al actual sistema de división de poderes.

Sin embargo, en otras ocasiones, la falta de razonamiento jurídico de muchos argumentos, el desconocimiento de las leyes y del sistema judicial hacen que se creen noticias, e incluso se tache a inocentes -o al menos a acusados de los que no se ha demostrado su culpabilidad- de verdaderas falacias. El último de estos casos se dio en el ámbito de los abogados especializados en derecho familiar. Se trata de la condena de Juana Rivas, a la que la mayor parte de la propia clase política -y la práctica totalidad de la sociedad española- apoyó, creyendo realmente que su expareja era un maltratador y que solo estaba protegiendo a sus hijos.

Sin entrar en juicios sobre la propia sentencia, sí que conviene analizar si realmente exponer de la manera que se hace actualmente la actualidad jurídica, mostrando unos supuestos hechos a un público que no tiene los suficientes conocimientos legales, e incluso en muchos casos desprestigiando a los propios jueces, es propio de una sociedad democrática. Es más, es precisamente la separación de poderes la que caracteriza a una verdadera democracia. Y el poder judicial debe hacer precisamente eso; juzgar atendiendo a las leyes que se legislan dentro del parlamento.

Sin embargo, muchos jueces ven como la opinión pública les acusa, les ataca, o directamente no les comprende. En realidad, muchas de esas peticiones populares no deberían dirigirse al poder judicial, ya que si no juzgaran con respecto a las actuales leyes podrían estar incurriendo incluso en delito. Las leyes son las que son, y no son los jueces los encargados de redactarlas. Parlamentarios, periodistas e incluso la propia ciudadanía debería ser un poco más consciente de todo ello. Por el bien de la democracia.

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