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Penal

19 de Septiembre de 2018

En defensa de los profesionales penitenciarios

Pedro Lacal Cuenca,
Psicólogo II.PP


No ha muchos días, una compañera, jurista de instituciones penitenciarias, presentaba su tesis doctoral basada en los retos a los que se enfrentaba la aplicación del ordenamiento penitenciario frente a las reformas penales que desde el año 2013 hasta la actualidad han tenido lugar y que de múltiples formas han ido mermando la capacidad de decisión que la norma penitenciaria ofrecía a los profesionales del medio para ejercer y poner en práctica las posibilidades que dicha normativa faculta de cara al cumplimiento de lo dispuesto en nuestra Constitución en el artículo 25.2 y que marca toda nuestra actividad en cuanto a los objetivos y efectos que el tratamiento llevado a cabo en los centros penitenciarios ha de poseer. Lo expuesto es información y no ofrece opinión alguna.

Pocos días después el quebrantamiento y fuga del país de un interno aprovechando el disfrute de un permiso se convirtió en foco de atención pública por parte de todos los medios de comunicación, públicos y privados, que de esta manera convirtieron, bajo el principio de disponibilidad, lo anecdótico en principal, sin tener en cuenta el alto grado de eficacia que el sistema atesora, véase el bajo número de quebrantamientos que del elevado, y al parecer desconocido, número de permisos penitenciarios acaece (datos de 2015: 0.36% de no reingreso. Por consiguiente 99.64% de reingreso). El antedicho quebrantamiento y fuga produjo en la población un sentimiento de inoperancia y bajo, e incluso nulo, control de estos permisos.

Es constatable, igualmente, cada vez que un suceso así tiene lugar, la aparición en los citados medios de miembros de asociaciones de psicólogos, criminólogos y otras especialidades académicas que atribuyéndose un alto conocimiento de la personalidad criminal, individualmente considerada y que nadie pone en duda, ofrecen sus servicios y reclaman la creación de grupos especializados de carácter psicosocial a fin de informar debidamente de los  riesgos de peligrosidad social que los internos ofrecen, en distintos momentos de toma de decisión sobre variaciones en su situación penitenciaria como son los permisos, clasificaciones en tercer grado y libertades condicionales, a los jueces de vigilancia penitenciaria. Situándose públicamente por encima, en cuanto a objetividad y eficacia se refiere, a los profesionales penitenciarios que informan a día de hoy.

Cierto es que una de las finalidades de las asociaciones y colegios profesiones es la de ampliar nichos laborales y de decisión, y por lo tanto de poder, de sus afiliados. Lícito es pensar que el alejamiento, físico y quizás emocional, de las personas sobre las que las decisiones a adoptar, en el ámbito descrito, pudiera contribuir a que estas fuesen, figuradamente, más razonables, más profesionales. Lícito es discrepar de lo anterior, máxime cuando desde este, tan desconocido, medio penitenciario somos conocedores de alguno de estos informes allá donde se han emitido y de las consecuencias que han tenido. Lícito es decir que anualmente se publican las plazas, que por oposición, se consideran necesarias para cubrir las necesidades que en nuestro ámbito se producen. Lícito es decir que todos cuantos trabajamos en este medio hemos pasado por estas oposiciones que nos habilitan como profesionales adecuados para esta labor. ¿Se entendería que desde el colegio de economistas se blandiese la propuesta de sustituir los informes de los inspectores de hacienda por otros emitidos por personas, eso si, poseedoras del master correspondiente, más acordes, supuestamente, con la realidad en cuanto al fraude fiscal que cualquier persona física o jurídica haya podido cometer?, pues he aquí que esto es lo que, aparentemente, se pretende desde este tipo de asociaciones en nuestro ámbito.

Permítanme, siguiendo un símil taurino, tan apropiado en esta piel de toro, y últimamente tan denostado, decir que el noble animal salido del mayor consenso que una ley orgánica ha obtenido en nuestro país, con el añadido de ser la primera de, nuestra ya consolidada, democracia ha ido sufriendo durante el periodo de la lidia numerosas y diversas puyas, que aconsejadas por los técnicos de turno que asesoraban a la presidencia consideraban que el morlaco derrotaba a derecha o izquierda según los tiempos. Estas puyas y banderillas han ido mermando su capacidad de reacción y pelea sincera en la difícil arena de la reeducación y reinserción de las personas privadas de libertad y he aquí que por ahí anda un subalterno encargado de apuntillar al animal, sólo necesita que éste busque el refugio de las tablas y humille lo suficiente para ser descabellado, es decir que renuncie a la pelea y acabar.

Si el centro de poder, en cuanto a la información que se ofrece a quien toma las decisiones,  se traslada de lugar, si estas decisiones se toman auspiciadas por informes emitidos por supuestos expertos académicos basados en estudios cargados de numerosas puntuaciones de pruebas psicométricas con un nivel de confianza variable cuando no inexistente, como queda reflejado en otras aproximaciones de evaluación; Máxime cuando estas puntuaciones y entrevistas se llevan a cabo en un momento determinado, con poca disposición de tiempo, sin una observación que corrobore, o no, lo presumido para una correcta valoración de los resultados, el animal caerá definitivamente derrotado. Esto es opinión, confío en que no devenga constatable. La crítica puntual a un suceso puntual no debe provocar la desaparición de un sistema que, por no publicitar en igualdad de condiciones su nivel de eficacia se puede convertir en un manso de fácil descabello y extinción.


Pedro Lacal Cuenca,
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