Positivos
Una ley útil, aunque sobrepasada
Victoria Ortega Benito
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
El pasado 21 de enero, el Consejo General de la Abogacía Española llevó al Congreso de los Diputados una jornada para debatir con los legisladores la necesidad de reformar con urgencia la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Es la única ley que ha existido sobre el particular y está vigente desde el 10 de enero de 1996, momento en que ya habían sido convocadas las elecciones legislativas de ese año.
Con 18 años de diferencia en relación con la vigencia del texto constitucional, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita vino a garantizar y ordenar el principio de la tutela judicial efectiva. A garantizar porque, aunque estaba reconocido en la Constitución, no existía un desarrollo que estableciese cómo debía administrarse su aplicación en los casos de aquellas personas sin recursos suficientes. ¿Quiere decir eso que no se prestaba asistencia letrada a los detenidos sin recursos económicos? No. Lo que afirmo es que por primera vez se estructuraba en una norma con rango de ley cómo debe funcionar el Turno de Oficio y cómo garantizarse la asistencia letrada, organización que desde un comienzo se puso en manos de los Colegios de la Abogacía.
La aprobación de esta ley en los estertores de la última legislatura de Felipe González fue una gran noticia para la profesión y, fundamentalmente, para el conjunto de la ciudadanía. Yo diría incluso que fue celebrada como pocas, por lo que suponía de paso adelante en la estructuración de la prestación del servicio de Justicia Gratuita y, por tanto, en la garantía de su ejecución prestada desde las instituciones colegiales pero sostenida con fondos del Estado.
Negativos
La sociedad demanda más y mejores servicios
Antonio Morán
Presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española
Si en 1996 les hubiéramos explicado a los legisladores que a lo largo de cada año llegarían a nuestro país de forma irregular unos 40.000 inmigrantes, tal y como sucedió en 2021, y que a todos ellos habría que prestarles un asesoramiento legal en su idioma, seguramente nos habrían dicho que habíamos perdido el juicio. Lo sucedido en 2020 en el muelle de Arguineguín puede considerarse el caso más extremo, pero visto en la distancia fue solo uno más en los muchos capítulos de las rachas migratorias que ha vivido nuestro país en las últimas dos décadas. Igualmente, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita remotamente podía anticipar el contenido de la Ley Integral de Violencia de Género del año 2004. Hoy nadie discute sobre el derecho de las víctimas de malos tratos a contar con un abogado de oficio.
Son dos ejemplos muy elocuentes de cómo ha cambiado nuestra sociedad en los últimos 25 años y cómo cuestiones que ni tan siquiera se podían atisbar en el horizonte de 1996, se han transformado en esenciales en la vida de nuestro país. Esos dos sencillos ejemplos justificarían por sí mismos una reforma en profundidad de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Y son éstas y otras cuestiones las que nos han llevado a reclamarlo.
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