Desde que supimos que la pandemia de Covid-19 ha entrado en la economía, mucho se habla de la crisis sanitaria. Junto a esa crisis estalló otra, tan brutal y rápida, que ha sacudido la estructura económica y social de las empresas de este país. Sin aviso previo, una ingente cantidad de empresas han paralizado su actividad, y han dejado de facturar. Frenazo en seco para el que desde luego nadie estaba preparado.
Para adaptarse a esta situación, en muchas ocasiones dramática, los expertos laboralistas hemos utilizado diferentes recursos en el ámbito empresarial. El más utilizado, junto con la posibilidad del teletrabajo en el caso de que sea posible, ha sido el regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. El ERTE de Fuerza Mayor trae causa en un acontecimiento totalmente imprevisto que faculta a la empresa a tomar decisiones sobre su plantilla.
Un proceso que necesita autorización de la Autoridad Laboral correspondiente. Autorización que fue eliminada para los procedimientos de regulación de empleo derivados de causas organizativas, técnicas, económicas y productivas. La diferencia en este aspecto es fundamental, pues este último Erte conlleva necesariamente un procedimiento de comunicación a la autoridad laboral y simultanea negociación con los representantes de la empresa.
Los representantes de los trabajadores se han visto informados, que no implicados, por la necesidad imperiosa de presentar cuanto antes estas medidas para cesar la sangría económica de la compañía. Se prescinde de esa negociación tan importante en nuestra regulación jurídica laboral, donde la negociación colectiva es piedra angular.
Los ERTEs durante el estado de alarmaDurante este proceso las dudas que nos han planteado tanto empresas como trabajadores han sido muchas y variadas, y han tenido que ser resueltas de forma inmediata, sin la experiencia previa de una situación similar ni de lejos. Además, el colapso de las administraciones, invadidas de multitud de solicitudes, ha derivado en que Ertes de fuerza mayor hayan sido autorizados por silencio administrativo positivo. También ha habido respuestas de la Autoridad Laboral negativa, fuera del plazo legal, o sin justificar adecuadamente, que van a provocar seguramente un aluvión de demandas ante la jurisdicción social. Y por supuesto, en la parte obrera, un aluvión de despidos que seguramente entrarán en breve en la jurisdicción social, una vez se levante la suspensión de los plazos, así como una elevada conflictividad surgida del abuso del mismo.
En paralelo a la crisis sanitaria, las dudas y los vacios legales, han sido constantes. Todos los laboralistas sabemos que la regulación laboral goza siempre de cierta “flexibilidad”, lo que siempre ha sido bueno para poder adaptar la misma a cada situación en particular. Sin embargo, en esta situación no ha sido beneficioso, porque ha generado falta de seguridad jurídica. Y todo ello ha sido agravado por constantes regulaciones normativas, improvisadas, publicadas en el B.O.E. Buen ejemplo de ello es la imposición por vía de decreto de un día para otro de la prohibición de llevar a cabo despidos objetivos basados en el Covid-19; otro ejemplo ha sido el permiso retribuido en “actividades no esenciales”, con mucha confusión sobre cuáles eran esas actividades esenciales; la regulación inespecífica del teletrabajo; la clausula de mantenimiento del empleo; la regulación jurídica del 12 de abril para limitar trabajar al día siguiente a determinadas empresas, publicada a las diez de la noche; y a todo ello se suma la amenaza de posibles sanciones administrativas y de posible anulaciones de ERTES por inexactitudes en el mismo (…).
Ahora, tras aplicar las medidas para paliar las consecuencias de la pandemia, seguimos con dudas e incertidumbres enormes en materia laboral. La normativa vincula directamente los Ertes de Fuerza mayor al estado de alarma, pero de momento, aunque sea una reclamación del sector empresarial, no se prevé que la incorporación o apertura vaya a implicar la vuelta a la situación previa. Está lejos el día que vuelvan a llenarse los hoteles, restaurantes y las tiendas, que todos los negocios vuelvan a su situación pre-pandemia. Vamos a seguir asistiendo a una crisis sin precedentes, y no teniendo preciso detalle de la desescalada, tampoco sabemos si el Gobierno tiene un plan “laboral” al respecto. Si no hay cambios en la regulación jurídica, otros Ertes por causas económicas o productivas van a suceder a los anteriores.
En definitiva, como en la gestión sanitaria, hemos ido al albur de los acontecimientos, conduciendo un vehículo a veces destartalado, por una carretera sinuosa de montaña, llena de baches, con prisa por llegar. La previsión es que muchas pequeñas y medianas compañías superen esta pandemia y con ello mantengan la mayor parte de su plantilla laboral, pero que otras, en este viaje, sin las necesarias adaptaciones a la realidad que impera, acaben en un concurso de acreedores más difícil de gestionar.
